La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una petición donde se le solicita que ejerza su facultad de atracción y se pronuncie sobre la suspensión definitiva que ordena a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Comisión Nacional de Libros de Texto (Conaliteg) que la impresión de los libros de texto de primaria para el ciclo escolar 2023-2024, se realice conforme a los programas y planes que sean aprobados.
Lo anterior consta en listas judiciales de la Corte, pero se omite si la solicitud fue presentada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México.
El mencionado tribunal tiene pendiente por resolver el incidente de revisión que interpuso la SEP, donde impugna la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF). Asimismo, en sus manos están dos recursos de queja presentados contra actos de la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, titular del juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa.
El otro escenario, es que la solicitud haya sido presentada por la Secretaría de Educación Pública o la UNPF; en caso de ser así, muy probablemente la petición sea desechada por ser parte no legitimada. El asunto solo podría ser analizado por la Corte si un ministro la quiera hacer suya.
Ayer, Elizabeth Medina dio una prórroga de 24 horas, para que la SEP y la Conaliteg acaten la suspensión definitiva concedida a la UNPF el pasado 25 de mayo, para que la impresión de los libros de texto de primaria para el ciclo escolar 2023-2024, se lleve a cabo conforme a los programas y planes que sean aprobados.
Cabe señalar que hace unas semanas la juzgadora hizo público que las autoridades educativas reconocieron que no han publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el programa de estudios del próximo ciclo escolar y que clasificaron como información reservada y confidencial los programas y planes de estudios.
De igual manera, que la SEP y la Conaliteg estaban realizando las gestiones con el propósito de imprimir los libros de texto gratuito que serán utilizados en el nuevo ciclo escolar, pero sin haber permitido su consulta a los docentes e involucrados en este tema.
Es decir, que no han garantizado un procedimiento participativo donde intervengan los gobiernos estatales y los especialistas en materia educativa en lo concerniente a la determinación de los programas de estudio y en la selección de los libros de texto.
VRM