Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, consideraron que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debió de haber analizado el fondo de las impugnaciones a la segunda parte del denominado Plan B electoral.
Durante la sesión pública de este jueves, ambas ministras expusieron que, más allá, de que el asunto quedara solo en el procedimiento legislativo tendría que resolverse de fondo.
"Estimo importante que este Alto Tribunal con base en el principio pro acción y con el fin de potencializar el derecho de acceso a la justicia, analice la constitucionalidad de las normas modificadas con el fin de que en un eventual proceso legislativo relacionado con dichas reformas, los vicios de inconstitucionalidad que pudieran tener las normas sean debidamente subsanados."
"Por esa misma razón también considero que debería de analizarse las causas de invalidez distintas a las del procedimiento legislativo como la referencia a la consulta a los pueblos y comunidades indígenas y a las comunidades afrodescendientes, entre otras", subrayó la ministra Ortiz Alhf.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel, fue más allá e incluso calificó de “limitada” este proyecto de sentencia que, dijo, solo ve la forma y no el fondo.
“Deja pendientes temas tan importantes como los que observamos en los contenidos de las normas recamadas y priva a la ciudadanía de la oportunidad de que en este Alto Tribunal se discutan temas tan importantes”, subrayó.
La ministra Esquivel Mossa cuestionó si es válido obligar a las personas legisladoras que pretenden reelegirse a separarse de su cargo, a fin de evitar el uso de recursos públicos en las campañas electorales.
“¿O si es constitucional o no obligar al INE a liquidar los recursos provenientes de dos fideicomisos constituidos para retener recursos públicos y que estaban destinados a las personas funcionarias del mismo? ¿O también adecuar las remuneraciones a las personas servidoras públicas del INE a los topes salariales establecidos en el 127 constitucional?”, cuestionó, entre otros puntos.
“El resultado final frente a la ciudadanía es que, de alguna forma, hacemos lo que criticamos porque también dejamos de discutir la sustancia de las normas impugnadas con la gravante de que, en nuestro caso, lo hacemos muy conscientes de que hoy vamos a regresarle a la sociedad una legislación electoral que lo medular data de hace nueve años y en la legislación procesal electoral tiene veintisiete años”, recalcó.
VRM