La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha sufrido un duro golpe en su intento porque el gobierno noteamericano les permitiera obtener información sobre transacciones en ese país y operaciones de dos altos funcionarios peñistas con la empresa WhiteWater y sus filiales, a quienes acusan de un escándalo de corrupción.
Con el recurso que interpuso la dependencia que encabeza Manuel Bartlett, intentaban la asistencia internacional para recabar pruebas en contra de dos grandes impulsores de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Javier Gutiérrez Becerril, entonces director de operaciones, y Guillermo Turrent, director de CFE, quienes habrían favorecido con tráfico de influencias a Matthew Calhoun, fundador de WhiteWater Midstream, empresa que se convirtió en la principal proveedora de gas natural importado desde Texas.
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Fue el mismo Manuel Bartlett, a través de sus redes sociales y un comunicado de prensa, quien aseguró que iniciarían un proceso ante las autoridades mexicanas por actos de corrupción en la entrega de los contratos.
MILENIO obtuvo un documento con las impresiones y recomendaciones el magistrado de Texas Mark Lane, quien aseguró que el gobierno mexicano ni siquiera aportó información sobre la investigación penal que inició la Fiscalía General de la República (FGR) y va más lejos: afirmó que no tiene certeza de que exista esa investigación, ya que tampoco adjuntaron la supuesta denuncia penal.
Fue el 26 de agosto cuando Mark Lane dejó asentada sus dudas sobre las presuntas pesquisas de la FGR que encabeza Alejandro Gertz Manero en México.
“No ha proporcionado ninguna otra documentación primaria que describa el estado actual o el alcance de la investigación mexicana que permitiría al tribunal evaluar de manera independiente los procedimientos que CFEi (su filial en Texas) sugiere que están en curso”.
En el documento se vuelve a poner en duda que en México se esté construyendo un caso de corrupción contra estos ex funcionarios públicos y un empresario estadunidense.
“En todo caso, la descripción que hace la CFEi del estado procesal de la investigación mexicana parece sugerir, que nunca podrá iniciarse una acción penal. Específicamente, la CFEi afirma que la FGR en febrero solicitó a un juzgado de México realizar una audiencia para permitir que los fiscales presentaran una imputación contra Gutiérrez y la tercera persona acusada en la denuncia penal, a fin de iniciar un proceso penal en su contra”.
Agrega: “Según la descripción de CFEi una vez presentada la imputación y aceptada por el juez, la FGR puede seguir investigando por seis meses o más, luego de lo cual decidirá si procede a juicio.
Habiendo sido aplazada inicialmente desde el 23 de mayo de 2022 hasta el 17 de agosto de 2022 (y aparentemente ahora hasta octubre con base en las declaraciones hechas por el abogado de CFEi durante el alegato oral), aún no hay indicios de que se haya llevado a cabo esta audiencia preliminar o que se haya producido una imputación”.
Lane firma el documento donde se asegura que las circunstancias procesales en México dificultan la conclusión de un fallo para la Comisión. El magistrado asegura que los documentos que está solicitando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no son para coadyuvar la investigación de la fiscalía mexicana.
“Sugiere que la verdadera intención de CFEi en este asunto no es principalmente ayudar en la investigación mexicana, sino para recopilar información y documentos para sus propios fines alternativos no especificados”.
Recuerda que las empresas a las que quiere tener acceso la CFE argumentaron que obligarlos a entregar sus libros, operaciones y transacciones les causaría un perjuicio, ya que los expondría criminalmente.
Y les da la razón: asegura que las preocupaciones de los demandados están bien fundadas.
“Por las razones expuestas anteriormente, el abajo firmante recomienda que el Tribunal de Distrito otorgue las mociones de anulación de los demandados y anule la orden anterior que otorgaba las Solicitudes Ex Parte de Asistencia Judicial de CFE”.
Concluye y asegura que si alguien está inconforme puede presentar objeciones.
El conflicto
Esta historia de presunta corrupción empezó cuando la nueva administración encabezada por Manuel Bartlett Díaz, aseguró que en diciembre de 2016, Javier Gutiérrez Becerril entonces Director General de Operaciones de CFEi, y Guillermo Turrent Schnaas, ex Director General de CFEi, violaron la ley de adquisiciones.
Al otorgar indebidamente a una empresa llamada WhiteWater Midstream LLC, a sus subsidiarias y afiliadas, contratos masivos de gas natural para construir, transportar y comercializar gas en un gasoducto de Texas a México.
Los contratos por cientos de millones de dólares fueron otorgados por Gutiérrez y Turrent como parte de los acuerdos del Conector de Waha.
Pero lo que realmente quería la comisión federal era tener acceso a todos los movimientos de otra empresa: Antaeus Group. Y es que según los abogados mexicanos, esta empresa sería clave para descubrir cómo se fraguaron los acuerdos para otorgar estos contratos millonarios. La hipótesis es que se los dieron porque ambos mantenían una estrecha relación desde el pasado.
Según la demanda la estrecha y duradera relación entre Calhoun, Gutiérrez y Turrent, finalmente culminaron con la adjudicación por parte de Turrent y Gutiérrez a la empresa recién formada de Calhoun, WhiteWater. A esto agregan que incluso Gutierrez y Calchound fueron directivos de Anteus durante los mismos años.
“Como se analiza a continuación, la información sobre las comunicaciones y transacciones entre Gutiérrez, Turrent y Calhoun, a través de Antaeus Group, ayudaría a dilucidar la naturaleza de su relación y avanzaría en los esfuerzos de las autoridades mexicanas para investigar las circunstancias que rodearon la adjudicación de los Acuerdos del Conector de Waha”.
Todo, según CFE, podría haberse fraguado desde Antaeus Group.
Según los documentos judiciales, con la entrada de la nueva administración federal en 2020 empezaron las revisiones de contratos, que incluían los Acuerdos del Conector Waha , así como una revisión a la conducta comercial de la administración anterior.
“A través de este proceso, CFEi se enteró de sospechas de irregularidades en cómo y en qué términos se otorgaron los Acuerdos del Conector de Waha a WhiteWater. El principal descubrimiento fue que, en diciembre de 2016, ex ejecutivos clave adjudicaron indebidamente sin cumplir con las estrictas normas constitucionales y penales de contratación mexicanas”.
La Fiscalía Especial Anticorrupción de México en la Ciudad de México abrió una investigación sobre los presuntos abusos de poder delictivos de Gutiérrez y Turrent. “Este descubrimiento ayudaría a aducir y explicar la conducta de estas personas”.
Y es que lo que pedía México no era menor e incluía entrar hasta la cocina de una empresa norteamericana, que ni siquiera aparecía denunciada: la estructura organizativa de Antaeus Group, sus relaciones comerciales y comunicaciones reales con la Comisión Federal de Electricidad.
Sus negocios y comunicaciones con cualquier director, funcionario, empleado, consultor o agente que actuara en nombre de la Comisión Federal de Electricidad, sus subsidiarias y afiliadas y su participación en proyectos de gas natural.
Tal es el caso Waha Connector, Waha Header, TransPecos Pipeline, Comanche Trail Pipeline, Pomelo Connector, South Texas Expansion Project y Sinaloa Pacific LNG Project.
Así como los pagos o transferencias de dinero u otras cosas de valor de Antaeus Group hacia o desde Javier Gutierrez Becerril, Guillermo Turrent Schnaas, Emilio Alejandro Cosio Santamaria y Mark Bayse, entre otras.
La otra versión
Sin embargo, la versión de Antaeus Group y su fundador Matthew Calhoun es muy distinta. Acusan a la Comisión Federal de Electricidad de crear un montaje porque desde hace años les deben una fuerte cantidad de dinero, que hoy a través de este proceso judicial, están evitando pagar.
MILENIO obtuvo la versión de Calhound, quien asegura que lo más importante de este caso es que la CFEi se olvidó de revelar a la Corte la historia completa detrás de la supuesta investigación mexicana.
Cuenta que años antes de que azotara la tormenta Uri, en el 2021, la CFEi adquirió gas natural de WhiteWater a precios acordados. Sin embargo, cuando venció la factura del gas natural entregado después de la tormenta, la subsidiaria de la CFE se negó a pagarles a ellos y auna docena de personas.
“En febrero de 2021, la tormenta de invierno Uri azotó Texas y la tormenta provocó aumentos sustanciales en los precios de la gasolina durante varios días, pero WhiteWater cumplió con sus obligaciones contractuales con CFEi. El 25 de marzo de 2021, sin previo aviso de que CFEi se negaría a pagar”, explican.
“CFEi repentinamente afirmó que sus contratos con WhiteWater, que habían estado vigentes durante años, se obtuvieron a través de actividades ilícitas”.
Según Anateus, cuando fracasaron las negociaciones con CFEi, WhiteWater inició un arbitraje para cobrar el dinero adeudado. Pero entonces la CFEi acudió a las autoridades mexicanas en un esfuerzo por fabricar una investigación penal que diera crédito a sus afirmaciones.
Sin embargo en su Demanda, CFEi “olvidó informar a la Corte de la existencia del arbitraje o del hecho de que sus alegatos de corrupción forman una parte central de la defensa de CFEi en ese litigio”.
“En otras palabras, CFEi quiere asegurar un descubrimiento de amplio alcance de Antaeus, presentar esa evidencia a las autoridades criminales mexicanas con la intención de perjudicarnos.
Incluso aseguran que se pusieron en contacto con las autoridades criminales mexicanas, sin la intervención de CFEi, con quien sostienen un arbitraje por falta de pago. Sin embargo se han negado a proporcionar cualquier información del fiscal o investigador asignado al caso.
“En este contexto, el Tribunal debe anular las Citaciones en su totalidad”, aseguraron. Y así paso el juez ha recomendado que se anule la petición del gobierno mexicano y la Comisión Federal de Electricidad que pretende lograr una condena contra dos ex funcionarios peñistas.
Mientras tanto en México parece que aún camina el proceso penal: se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, la cual inició la carpeta de investigación en el año 2021. El proceso continúa.
DMZ