Para el agente de la Administración de Control de Drogas, la DEA, Thomas Gómez, es difícil olvidar el día en que recibió la llamada de su informante: estaba a punto de empezar a festejar 'thanksgiving' o Día de acción de gracias, cuando el teléfono empezó a sonar insistentemente. Era el 26 de noviembre del 2009.
–Por desgracia no pude comer mucho pavo, pues no dejaban de llamarme –cuenta el agente Gómez.
Nacido en Arizona, con una maestría en Educación por la Universidad Estatal de Arizona, Gómez empezó desde abajo en la DEA. Trabajó como policía local en el área de pandillas, aprovechó su oportunidad y se convirtió en agente especial del grupo de trabajo de control de drogas contra el crimen organizado.
El día de la comida con pavo, quien estaba al otro lado del teléfono era el informante 1261 (su nombre clave), un hombre que trabajaba encubierto haciéndose pasar como vendedor de armas. Quería avisarle a Thomas que un sujeto intentaba intercambiar 4.5 libras (2.04 kilos) de metanfetaminas por armas de uso militar.
Su informante era un traficante conocido en el mundo criminal por su capacidad para conseguir drogas y muchas armas. Su fama se extendía hasta México e incluso ya había logrado colarse en los círculos más altos de los cárteles.
El 1261 aseguraba que quien quería negociar era un hombre en apariencia hispano, de cabello y ojos oscuros, con un apodo muy mexicano: El Gordo. Este resultó ser un sinaloense de 26 años, llamado David Díaz Sosa, quien le había enviado ocho correos electrónicos con las especificaciones de las armas que deseaba.
Unas que por la sofisticación, el precio y las características eran propias de armas de guerra y destrucción, como las que fabrica Estados Unidos en conflictos internacionales.
Incluso para el 1261, esa petición tan inusual lo tomó por sorpresa y no supo qué hacer. Por eso llamó al agente.
Pero lo primero que tenía que hacer Gómez era idear cómo conseguir esas armas. Ya después, entonces sí, fraguar un plan para lograr capturar al Gordo. Pero, sobre todo, necesitaban tiempo para investigar quienes estaban detrás de ese intento de compra.
MILENIO obtuvo acceso a más de 300 transcripciones de audiencias, juicios, llamadas e intercepciones de llamadas telefónicas que después de una década permiten reconstruir cómo Joaquín El Chapo Guzmán pretendía comprar armas de guerra y destrucción cuando se libraba la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de Felipe Calderón.
Ahora se sabe que Guzmán Loera intentó adquirir en Estados Unidos armas altamente restringidas, como misiles antiaéreos capaces de derribar jets comerciales y cohetes antitanque de tal potencia que están siendo empleados en la guerra entre Ucrania y Rusia. Estos y cientos de secretos más forman parte de un arcón de información que ha desclasificado Washington y que dan cuenta de algunas de las operaciones más sensibles del Cártel de Sinaloa y a su ex líder.
Además, dos de los tres compradores de armas salieron en libertad el año pasado.
–La sofisticación de estas armas era... no era algo que podías comprar en Cabela’s [tienda de artefactos para cacería deportiva]. Estas armas se utilizaban para la guerra. Entonces obtuvimos la información: se dirigían al sur. Como usted bien sabe, había una guerra, una guerra contra las drogas –declaró el agente Gómez.
Thomas Gómez no dudó y llamó a una colega en la DEA, Hope MacAllister –quien participó en el fallido operativo Fast and Furious en ese mismo 2009– para informarle sobre la operación. Había que reaccionar rápido y evitar que ese armamento terminara en malas manos; en medio de una confrontación entre los cárteles y el gobierno de México el daño podría ser mayúsculo para la población.
Gómez y MacAllister llamaron a instancias militares a lo largo y ancho de Estados Unidos, y el tema escaló hasta llegar a un contacto en el Departamento de Defensa estadounidense para intentar conseguir las armas y engañar a los narcotraficantes.
–El gobierno no estaba listo para hacer este trato, porque no tenías las armas listas –reveló Gómez.
También refirió que, el 3 de diciembre, su informante confidencial se reunió con El Gordo en un Costco de Phoenix, quien quería poner a su jefe al teléfono, un hombre llamado Enrique, a fin de cerrar la compra de las armas para el Cártel de Sinaloa.
¿Qué quería el tal Enrique, jefe del Gordo? Un misil tierra-aire portátil llamado Stinger, arma que utiliza el gobierno de Estados Unidos en conflictos armados, y que ha sido responsable del derribo de cientos de aeronaves en conflictos añejos como el de Las Malvinas y que hasta hoy, en su versión actualizada, son usados por Ucrania contra aeronaves rusas.
Y el Cártel de Sinaloa quería 13 de tales armas en ese momento.
Las reuniones para concretar la venta continuaron y en febrero de 2010, El Gordo agregó más armas al pedido: un lanzacohetes Bazooka, 40 granadas de 5 milímetros, ametralladoras calibre .30, siete cajas de granadas de mano, un antitanque Dragon Fire; un lanzacohetes antitanque sueco llamado AT4 y un lanzacohetes antitanque LAW de 66 milímetros.
Después de múltiples esfuerzos, finalmente la DEA y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) lograron que el Departamento de Estado les prestara un misil Stinger. Sin embargo el Gordo lo rechazó porque estaba empolvado.
–No quiero ese, quiero uno nuevo –replicó.
El trato
Durante dos meses las autoridades estadounidenses demoraron las entregas de las armas porque simplemente no lograban conseguirlas. Mientras tanto el enviado del Cártel de Sinaloa comenzó a llevar más drogas para que vieran “la buena fe” que había por parte de la organización y su disposición para continuar con las negociaciones.
Tales entregas de droga fueron grabadas por agentes de la DEA, quienes descubrieron que además del Gordo había otras dos personas trabajando para el Cártel de Sinaloa, una mujer llamada Emilia Palomina, sonorense de 46 años, y Jorge Jesús Castañeda, joven de 22 años del mismo estado.
Durante las primeras negociaciones los integrantes del cártel alcanzaron a dar a los agentes encubiertos poco más de dos kilos de metanfetamina y unos 139 mil dólares. Durante estos encuentros, David Sosa confesó que las armas eran para su patrón Joaquín El Chapo Guzmán, pero también para Ismael El Mayo Zambada.
Los agentes encubiertos, durante esos encuentros, grabaron las conversaciones que dan cuenta del apuro de los integrantes del cártel por llevar las armas a México.
–Es que me ofreció esto desde noviembre y lo oficialicé con personas allá... allá en Sinaloa, desde noviembre… y hemos estado esperando. Hemos estado esperando el momento en que llegaras por un tiempo muy largo, ¿qué está sucediendo? –le preguntaba al agente encubierto, un tal “Enrique”, a quien respondían El Gordo y sus cómplices.
–Sí, con todo respeto entiendo tu problema, que lleva desde noviembre, pero es muy difícil encontrar estas herramientas (armas)... y bueno, eh, también mi gente... más arriba... tengo que responderles también –trataba de tranquilizar al narcotraficante uno de los agentes de la DEA.
En febrero de 2010, los agentes encubiertos recibieron la llamada de Enrique, quien les dijo que la entrega final de 139 mil dólares la realizaría la sonorense Emilia Palomino en un restaurante Taco Bell de Arizona.
El infiltrado
No obstante, el plan del Chapo Guzmán se vino abajo gracias al trabajo del infiltrado, a quien las autoridades llamaron “testigo colaborador 1261”. Según las autoridades de la DEA, este hombre logró llegar a altas esferas del cártel.
Fue gracias a él y al trabajo de agentes como Thomas Gómez, que finalmente en 2010 El Gordo y sus cómplices fueron detenidos en distintos operativos. Un hecho retrata el nivel de infiltración que había logrado 1261: para salvaguardar su identidad, el día del juicio contra Jorge Jesús Castañeda, la fiscalía estadounidense solicitó permiso para que fuera disfrazado a la corte.
En medio de dimes y diretes y la negativa total de la defensa de los acusados, finalmente el juez aprobó el disfraz: se presentó con una peluca negra y un bigote que le cubría la boca y parte de las mejillas.
Ese día se reveló que el infiltrado 1261 aceptó este trabajo por 28 mil dólares, y que contaba con un largo historial criminal de robo de auto y violencia. Pero historias como la suya permiten entender cómo funciona el sistema de cooperación.
“No me pagarían a menos que verificaran la información que di –dijo frente a un grupo de jurados en 2011–. Si encuentran que la información es buena entonces me pagarán. No me pagaban por adelantado. Si mintiera no seguirían trabajando conmigo”.
El infiltrado 1261 logró grabar más de 50 conversaciones con los narcotraficantes, las cuales finalmente los hundieron durante el juicio de 2011.
También consiguió que el 17 de febrero y luego de reunir la mayor cantidad de armas de destrucción posible, los agentes encubiertos de la DEA y la ATF citaran al Gordo y sus cómplices en un Kmart de Phoenix. Los criminales pudieron ver reunidas ante sus ojos todas las armas.
Fue tan impactante que incluso uno de ellos, Castañeda, lanzó una frase que más tarde la defensa trataría de utilizar a su favor: “Esas armas son malas para México”, expresó.
Y mientras El Gordo disfrutaba en esos momentos lo que tenía frente a él, un mega operativo de todas las agencias estadounidenses terminó con el sueño del cártel de llevar armas de guerra a México y utilizarlas contra las fuerzas del gobierno.
Ese día también se reveló que El Gordo Sosa no era nada más que un hombre arruinado. Una especie de estafador de poca monta que pedía dinero prestado por aquí y por allá y terminó intentando traficar armas de guerra para El Chapo.
La Fiscalía, sin embargo, insistió en que este no era un caso cualquiera y exigió sentencias ejemplares para los traficantes de armas: “Damas y caballeros, este caso no se trata solo de pistolas y rifles que llevan hacia México. Se trata de cohetes, granadas, ametralladoras y misiles, verdaderas armas de destrucción en la guerra”, dijo ante el jurado.
Daniel Sosa fue sentenciado a 25 años en prisión, quizá sea liberado en el 2031. Emilia Palomino recibió 10 años y salió de prisión en 2021, lo mismo que José Jorge Castañeda, quien por una reducción de sentencia pudo salir libre el año pasado.
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