La defensa en México de Joaquín El Chapo Guzmán lamentó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la cancillería, no haya intervenido diplomáticamente ante Estados Unidos para anular el proceso en Nueva York, en el que finalmente fue declarado culpable y abre la posibilidad de cadena perpetua.
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Sostuvo que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, no dio respuesta a la solicitud que se le presentó el 6 de diciembre de 2018 para “atender el caso de una extradición ilegal” que la administración de Enrique Peña Nieto concedió a Estados Unidos.
El penalista Andrés Granados Flores dijo a MILENIO que entregó al canciller una petición formal de la defensa para que aplicara la “Regla de Especialidad" del artículo 17 del Tratado de Extradición México-EU.
En su opinión, si la SRE hubiera tenido un “pronunciamiento” contra la forma “ilegal” en la que se otorgó el traslado, “definitivamente hubiera cambiado la suerte del señor Joaquín Guzmán, sin embargo, no podemos obligar al actual gobierno mexicano a intervenir ante una ilegalidad que se dio a todas luces el sexenio pasado”.
Explicó que dicha regla establece que al inculpado sólo se le deberá juzgar por los delitos contemplados en el proceso de extradición; entonces, según lo que comentó, El Chapo tuvo que haber sido procesado en una corte de California o de Texas.
La defensa señaló que la norma aludida establece que una persona extraditada no será detenida, enjuiciada o sancionada en el territorio de la parte requirente por un delito distinto de aquel por el cual se concedió la extradición.
En el caso de El Chapo, el abogado resaltó que no se autorizó que fuera juzgado por varios delitos, como homicidio. "Es un asunto de drogas, no de asesinatos".
Granados Flores indicó que en Nueva York se le fincaron 10 cargos por ilícitos que "no cometió", los cuales no estaban contemplados al ser entregado a EU por el gobierno de Peña Nieto.
Aclaró que no pidió que Guzmán regresara a México, sino respeto a un mexicano que es acusado, el derecho que le asiste y el cumplimiento del acuerdo bilateral, para que fuera enjuiciado en una Corte de California o de Texas, no en Nueva York, donde evidentemente en uno de los delitos estaba contemplada la cadena perpetua.
“A usted canciller, atentamente pedimos atienda nuestra solicitud por el desamparo (jurídico) en el que se dejó a nuestro representado. Ante la arbitrariedad del anterior secretario (Luis Videgaray) nuestro representado está siendo sometido a un juicio que deriva de actos ilícitos porque su entrega a Estados Unidos está precedida de graves violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera.
“Sabedores que esta administración es democrática, transparente y justa, confiamos plenamente en que se actuará conforme a derecho. Para firmeza jurídica de la presente solicitud, nos permitimos adjuntar diversos escritos en los que explicamos el sustento jurídico de la presente solicitud”, se lee en el documento fechado 6 de diciembre de 2018.
Granados Flores agregó: "Este gobierno dijo que nadie iba a estar por encima de la ley, hasta la fecha no han visto nada, el trámite se interpuso el 6 de diciembre para que se restituya la Regla de Especialidad. No le estamos pidiendo nada malo al canciller Ebrard, simplemente que le respete esa regla, no estamos solicitando que lo regresen, que lo perdonen allá en Estados Unidos, ni que intervenga para que lo eximan de cualquier responsabilidad".
bgpa