Las alarmas se activaron en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ayer, personas armadas irrumpieron el lugar con el objetivo de rescatar a Ernesto Alfredo Piñón de la Cruz, El Neto, presunto líder del grupo delictivo Los Mexicles.
Junto con él, 30 personas más escaparon y 17 fueron asesinadas, además de que se realizaron daños en las instalaciones del penal a cargo del gobierno estatal. El lugar era una bomba de tiempo, pues la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, así como presencia de extorsiones y sobornos, son problemáticas de gobernabilidad que ayudaron a que El Neto escapara.
Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comentó que dentro de estas instalaciones se caracterizaba la existencia de celdas con lujos y un estilo VIP.
En el penal, dijo, se encontraron 10 celdas con condiciones diferentes las del ocupadas por toda la población de los internos. Eran “VIP, bien arregladas, con televisión”
De hecho, dio a conocer que El Neto tenía una caja fuerte en la que guardaba un millón 702 mil 174 pesos. Las autoridades decomisaron dentro del Cereso 10 armas largas y cuatro cortas, 82 cartuchos de diferentes calibres y 84 celulares.
Asimismo, se aseguraron 285 bolsitas de cristal, 38 bolsas de cocaína, 68 bolsas de mariguana, 69 bolsas de heroína, 8 pastillas de fentanilo y 50 bolsas de cristal.
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De acuerdo con el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el penal no garantiza la integridad de las personas privadas de la libertad que están recluidas pues además de tener sobrepoblación, tiene una capacidad para albergar a 3 mil 125 hombres y cuenta con una población de 3 mil 500, viven en condiciones de hacinamiento y son insuficientes los programas para prevenir incidentes violentos o para la presentación de quejas por probables violaciones a los derechos humanos.
Además, según el Diagnóstico del Sistema Penitenciario, de Reinserción Social y Preventivo (DSPRSP) 2021, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH), el mayor número de quejas por acciones u omisiones ocurridas dentro de los Centros de Reinserción Social del estado se concentran en el CERESO de Ciudad Juárez, el cual cuenta con 12, de las cuales la mitad son por omisiones en garantizar una estancia digna y segura.
A pesar de estas observaciones, y de una lista de hechos violentos registrados en este penal en los últimos años, ambas Comisiones de derechos humanos ubicaron al penal en una tendencia positiva; la CNDH lo calificó con 6.79 de 10 puntos, ubicándolo como un lugar con condiciones intermedias con tendencia positiva, mientras que la CEDH lo evalúo con 8.81 en una escala de 10; de manera particular el diagnóstico de la comisión estatal hace hincapié en que, de manera general, en esta cárcel se mantiene el orden y se aplican sanciones.
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Sin embargo, la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, señala que en Chihuahua no siempre se garantiza el derechos a una estancia digna y segura a las personas privadas de su libertad, pues al menos el 9 por ciento se sintió insegura al interior de su celda, mientras que 17.5 por ciento se sintió insegura en el Centro Penitenciario.
Esto se suma a que el 29.9 por ciento de la población privada de la libertad señaló haber sido víctima de algún delito ocurrido en el centro penitenciario, el más recurrente es robo de objeto personales (97.1%), seguido de lesiones físicas (11.5%) y amenazas (9.7%).
Sobre los indicadores de autogobierno y cogobierno de los penales estatales, el documento destaca que 24.7 por ciento de la población privada de la libertad en Chihuahua que ha visto situaciones de internos que realizan actividades propias de las autoridades, las cuales consisten en: manejo de llaves de las celdas (13.3%), vigilancia de celdas (11.8%), asignación de celdas a otros internos (10.9%), riñas entre grupos de internos por el control del Centro (9 %) e imposición de sanciones (7.9%).
En cuanto a la corrupción en los penales, la ENPOL destaca que 47.8 por ciento de la población privada de la libertad pagó dentro del centro penitenciario en los últimos doce meses por tener aparatos eléctricos.
La encuesta señala que por lo menos el 83.5 por ciento del total de pagos ilegales para obtener un servicio, bien, beneficio o permiso al interior del centro penitenciario fueron entregados a los custodios.
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