La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó una sentencia que abrió la puerta al gobierno del estado de Chihuahua para que pueda actuar contra ex funcionarios de la gestión del gobernador César Duarte Jáquez.
Quienes, presuntamente, estuvieron involucrados en el desvío de dinero para financiar las campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
¿De qué los acusan?
Se trata del caso en el que 14 millones 609 mil 583 pesos que fueron descontados a trabajadores que tenían el nivel de jefe de Departamento y superiores, quienes no recibieron las cantidades que les correspondían de su salario, porque fueron destinados para uso electoral en las campañas del tricolor en 2015.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Primera Sala avaló el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien señaló que el gobierno estatal sí tiene calidad de víctima.
El gobierno estatal promovió un amparo, porque un juez de control determinó que en este asunto no se le podía reconocer el carácter de víctima, caso por el que se ha llevado a juicio a diversas personas por probables delitos electorales.
Sin embargo, el 11 de abril de 2019, la jueza Décimo de Distrito con sede en la mencionada entidad le negó la protección de la justicia, lo que provocó que interpusiera un recurso de revisión.
No obstante, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito declinó competencia a la Corte, la cual hoy revocó la sentencia y concedió el amparo.
De acuerdo con el expediente, la Secretaría de Hacienda Estatal, en representación del gobierno, solicitó que se le reconociera de manera oficial en diversas causas penales, el carácter de víctima.
¿Qué dijo la defensa de los imputados?
La defensa de uno de los imputados argumentó que el juez de control Sáenz sostuvo en audiencia, que los recursos aportados al PRI, no son de carácter público, sino de carácter privado, derivados de las aportaciones realizadas por los trabajadores de gobierno del estado afiliados a dicho partido político.
El litigio inició cuando Javier Corral asumió la gubernatura tras finalizar la administración de César Duarte, quien se refugió en Estados Unidos, donde fue capturado y que hoy enfrenta diversos procesos.
Es de mencionar que, en 2017, se vinculó a proceso, por delitos electorales, a cuatro ex funcionarios estatales, por la presunta retención indebida del salario de empleados del gobierno, en favor del PRI.
Los vinculados a proceso fueron el ex secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral; el director de Egresos de esa dependencia, Jesús Olivas Arzate; el titular de la Dirección de Programación y Control de Pagos, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre y el secretario de Administración y Finanzas del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez.
RM