El Proyecto de Presupuesto de Egresos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para el ejercicio fiscal 2021, asciende a 64 mil 44.6 millones de pesos, monto superior en 1.9 por ciento en términos reales respecto al proyecto presentado para 2020 y en 3.7 por ciento en términos reales respecto al presupuesto aprobado.
El documento comprende el total de las previsiones de gasto requeridas para mantener la capacidad institucional de los 853 Órganos Jurisdiccionales actuales, fortalecer al Instituto de la Defensoría Pública y al Instituto de la Judicatura Federal; implementar la segunda etapa de la Reforma Laboral y desarrollar proyectos de inversión necesarios para la operación.
El proyecto se desglosa en cinco vertientes: Consolidación del nuevo sistema de justicia penal; Implementación de la Reforma Laboral y la estabilidad económica del país; Fortalecimiento al Instituto Federal de la Defensoría Pública; Seguridad de jueces y magistrados, y Modernización del Poder Judicial de la Federación.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal para 2021, se menciona que el Poder Judicial asumió su compromiso con el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada, como la prioridad más apremiante para el Estado mexicano.
Para ello, está atendiendo las necesidades que surgen de la nueva estrategia de combate a la delincuencia organizada, con el funcionamiento de la Guardia Nacional, las reformas constitucionales y legales en materia de extinción de dominio y prisión preventiva, y de la implementación del nuevo sistema de justicia para adolescentes.
La disposición de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública ha generado que aumente la cantidad de asuntos que se judicializan derivado de operativos, detenciones y puestas a disposición de la autoridad ministerial, aunado al incremento de actores que participan en los procesos judiciales.
Para ello, se incluye una previsión para poder hacer frente, con los órganos jurisdiccionales existentes, a la carga de nuevos casos que se judicializan derivado de las reformas de combate a la delincuencia organizada y a la corrupción.
En el caso del Instituto Federal de la Defensoría Pública, éste está enfrentando grandes retos derivados de las reformas recientes en materia laboral, migratoria y de extinción de dominio.
La Defensoría cuenta con mil 100 defensores públicos y asesores jurídicos distribuidos en 138 localidades del país, de los cuales 43 son bilingües, que brindan defensa y asesoría jurídica a las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, en 90 lenguas indígenas diferentes.
Como parte de la Reforma Laboral, se requiere al Poder Judicial de la Federación contar con defensores públicos disponibles para los trabajadores que no puedan pagar un abogado, por lo que se debe contar con defensores en cada Tribunal Laboral.
De igual manera, las reformas en materia de extinción de dominio que constituyen una de las apuestas más decididas en el combate a la corrupción y a la delincuencia organizada, prevén el derecho de las personas afectadas a contar con asesoría jurídica.
bgpa