El gobierno mexicano se ha resistido a frenar la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sector empresarial a pesar de las advertencias lanzadas desde hace más de dos años por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pues de hacerlo, la economía de varios municipios colapsaría.
En junio de 2020, MILENIO reveló que una investigación de la DEA iniciada en marzo del 2015 exhibía que el CJNG convirtió a su estado natal en una gran franquicia blanqueadora de dinero. Estrategia con la que, en sólo cinco años, llegó a tener a sus órdenes a medio centenar de empresas de esa entidad como restaurantes, cadenas de sushi, plazas comerciales, tequileras, constructoras, hoteles, agencias de tours y negocios de belleza.
El informe detallaba que las áreas de inteligencia de Estados Unidos detectaron al menos 48 compañías ligadas a este grupo criminal y que en su mayoría, radicaban en Guadalajara y Zapopan, mientras otras se extendían a la Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo y Sinaloa. Ayer, este medio publicó que las autoridades estadounidenses actualizaron que ya son 136 empresas operando bajo el mismo esquema detectado hace dos años.
Salvador Mejía, experto en lavado de dinero, contó a MILENIO que estos informes comprueban que las instancias del gobierno mexicano no actúan contra estas compañías ya fichadas por las autoridades estadunidenses por la implicación que tendría en la economía.
“Como lo decíamos hace dos años, el narco desde hace muchos años ya no usa el sistema financiero para lavar dinero, lo hace a través de negocios que ni siquiera están vigilados por las autoridades mexicanas, sí por las norteamericanas porque tienen otro entendimiento, están acostumbrados a asuntos de inteligencia y contrainteligencia”.
Recordó que los cárteles de la droga fueron entrando a la “economía tradicional” dejando detrás sectores que sí tienen obligaciones en la Ley Antilavado de dinero como la compra de vehículos o de obras de arte, o casinos; para así, establecerse en pequeños comercios, plazas comerciales, restaurantes o estéticas, lo que actualmente demuestra que la estrategia funcionó.
“Queda claro que el Cártel Jalisco tiene un gran poderío y queda claro que está metiendo su dinero en muchas áreas que ni siquiera están supervisadas por la autoridad y esto a su vez, le va a permitir tener buenas relaciones con la población y meterse en la economía de los estados.
“Pensemos lo que ocurriría si por un acto de magia o por un decreto presidencial pudiéramos extraer todo el dinero que el Cártel de Jalisco le ha metido, por ejemplo, a Zapopan, la economía de Zapopan técnicamente quebraría porque están fundamentándose en los restaurantes, en los salones de belleza, en pequeños negocios que son propiedad del Cártel Jalisco, entonces se generaría una ruptura en la economía de la localidad”.
El experto agregó que por es evidente que “del 2020 al 2022, las instancias gubernamentales ya plenamente manejadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador se han constituido como una herramienta de poder político y de recibir informes de inteligencia de los Estados Unidos y a trabajar en lo que les dicen del otro lado de la frontera”; sin embargo “la UIF, el SAT y la Procuraduría Fiscal no tienen casos de éxito contra el crimen organizado, no los veo persiguiendo a esas empresas”.
Estas empresas que fueron exhibidas con nombre y ubicación desde 2020 por la DEA y difundidas en reportes públicos siguen operando en su mayoría, por lo que el CJNG no ha tenido ningún freno para dejar de lavar dinero a través de esta red de comercio.
“Se me ocurren pocas cosas tan fáciles en México como lavar dinero, porque tenemos un ecosistema con muchas áreas de negocio que les permite diversificar en dónde meten el dinero los narcotraficantes y porque las autoridades no se dedican a investigar cómo es que el dinero de la delincuencia fluye a través del sistema financiero y del económico.
“Y cuando deciden actuar lo único que hacen es bloquear cuentas bancarias y con toda la pena, no hay nada más sencillo que ganarle un juicio a la Unidad de Inteligencia Financiera porque su proceso es inconstitucional, además de que la Ley Antilavado no es letra muerta, pero no ha dado mayores resultados”.
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