De acuerdo con una solicitud de información hecha por esta agencia a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México para conocer cuántas mujeres fueron atendidas en la Clínica Especializada Condesa (CEC) y en la dependencia por este delito en ese periodo, se informó que mientras a la clínica, donde se encuentra actualmente el Programa de Atención a Violencia Sexual, llegaron 5 mil 243 víctimas de violación, a la procuraduría llegaron únicamente dos mil 974 mujeres.
La revictimización, la falta de personal, los malos tratos y las pésimas condiciones en las que se encuentran los inmuebles de las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la PGJ orilla a las víctimas de violación a desistir de emprender un proceso legal y con ello a acceder a la justicia.
La información proporcionada por la CEC señala que 58 capitalinas presentaron un embarazo producto de una violación en el periodo referido y fueron canalizadas a los servicios de interrupción legal (ILE), un derecho garantizado en la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” (NOM 046).
De estas víctimas que ejercieron su derecho a una ILE por violación, 43 por ciento fueron adolescentes y niñas cuyas edades oscilan entre los 8 y 18 años de edad (25 casos).
Las que recibieron Anticoncepción de Emergencia (AE) fueron 2 mil 58, mientras que el resto que no accedió a ninguno de los dos servicios (anticoncepción o ILE); se desconoce si fueron forzadas a continuar un embarazo.
Además del embarazo, las víctimas quedan expuestas a contraer infecciones de transmisión sexual como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sida, sífilis, entre otras.
De las 5 mil 243 mujeres atendidas en la Clínica, solo 33 por ciento (mil 746) accedió al tratamiento de profilaxis, lo que no garantiza que no queden expuestas a riesgos en su salud, pues 60 por ciento desiste de acudir a su segunda cita para continuar con el tratamiento, que dura nueves meses, informó la clínica.
SERVICIOS REBASADOS
Los tres servicios (justicia-médico-psicológico) están rebasados ante las violaciones sexuales contra mujeres. De acuerdo con la información que entregó la PGJ, las seis agencias solo cuentan con 12 oficiales secretarios, seis policías de investigación, seis peritos en materia de psicología y tres peritos en medicina, responsables de atender anualmente a las 700 víctimas de violación que denuncian en la urbe.
La falta de mujeres peritos en medicina especializadas en violencia sexual en las seis agencias resulta preocupante; únicamente se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa. Ellas son las encargadas de recabar las pruebas para acreditar la violación. Si las víctimas no acuden con ellas, se pierde la evidencia física que compruebe la agresión.
En las agencias cada perito atiende anualmente en promedio a más de 230 víctimas de violación, principalmente a jóvenes y niñas, ya que los registros de la procuraduría refieren que en estos seis años 39 por ciento de las violaciones fueron cometidas contra menores de 18 años de edad, un total de mil 152 casos.
Lo mismo sucede con la atención psicológica que brinda el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales (CTA). Por ejemplo, el último informe de labores de la PGJ señala que de 2015 a 2016 impartió solamente 28 sesiones de terapia individuales y 885 grupales, encabezadas por 12 psicólogas, detalló.
Obtener una cita en el CTA toma un mes y recibir un tratamiento psicológico certero, tres meses, pues las primeras tres consultas son únicamente de evaluación.
LAS VIOLACIONES EN LA URBE
Las seis agencias se ubican en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc, ya que en estas zonas se comete el mayor número de delitos sexuales.
En Iztapalapa, en el mismo lapso, ocurrieron 20 de cada 100 violaciones (596 casos); sin embargo, la sede del CEC ubicada en esa delegación solo opera con un médico.
El contexto violento no es menor en otros sectores: a esta delegación le siguen Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, ambas reportaron un total de 727 violaciones (381 y 346 casos, respectivamente).
Mientras que en Tlalpan se suscitaron 211 violaciones, en Coyoacán 202 —sin existir agencia cercana— y en Álvaro Obregón, 200. En 52 casos la PGJ dijo desconocer dónde se cometió el delito y señaló que no tiene datos desagregados por edad, lo que impide dimensionar las violaciones perpetradas en niñas y adultas.
Respecto a los recursos destinados para la atención de esta violencia, la PGJ informó a través de su Dirección General de Programas, Organización y Presupuesto, que no cuenta con información desagregada sobre el presupuesto que se otorga a cada fiscalía, por lo que no transparentó la cantidad de fondos con los que opera desde 2012 la Fiscalía de Delitos Sexuales, liderada por Alicia Rosas Rubí, de la que dependen las seis agencias especializadas.
Poco queda del proyecto integral de atención a las mujeres víctimas de violación que idealizó el movimiento feminista en los años 90; las mujeres no confían en el sistema de justicia y la instancia encargada de brindarles atención psicológica no cumple con sus fines, situación que mantiene a los servicios médicos saturados.
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