La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al juez primero de lo penal de Primer Instancia del Quinto Distrito en Tamaulipas, resolver la situación jurídica de Juana Alonzo Santizo, migrante indígena guatemalteca privada de la libertad desde 2014 en un penal de Reynosa, acusada de secuestro.
La comisión nacional pidió al Poder Judicial de Tamaulipas pronunciarse sobre la prolongación o cese de la prisión preventiva decretada a Juanita, como le llaman sus familiares, pues han transcurrido casi 8 años de su ingreso al Centro de Ejecución de Sanciones en esa entidad, sin que a la fecha haya recibido una sentencia, lo cual "contraviene el plazo constitucional establecido para tal efecto y vulnera sus derechos humanos".
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Desde los años 2018, 2021 y 2022 , la CNDH ha tenido conocimiento, a través de los familiares de la víctima y del Movimiento Migrante Mesoamericano, sobre los presuntos hechos violatorios a los derechos humanos cometidos en agravio de Juanita durante su detención por elementos de la Policía Ministerial de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas (PGJ), por lo que recabó los testimonios de las personas peticionarias y de la persona agraviada y, una vez analizada la competencia, remitió las quejas a la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tamaulipas, quien las admitió a trámite e investigación en el mes de abril de 2018.
En abril de 2022, la comisión local emitió las recomendaciones 001/2022 y 002/2022 al acreditarse violaciones a sus derechos humanos a la integridad personal, a la seguridad jurídica, a los derechos de las personas bajo la condición jurídica de migrantes.
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La CNDH detalló que ha expuesto por escrito y vía telefónica a personal del juzgado de primera instancia la necesidad de revisar el caso de Juanita; llamó al Poder Judicial de Tamaulipas realizar acciones que permitan visibilizar la situación jurídica actual en la que se encuentra, para que la medida de prisión preventiva no siga prolongándose innecesariamente en su perjuicio y que se dicte una determinación con perspectiva de género, interseccional y conforme al principio pro persona.
DMZ