Codhet con 19 quejas por daños a activistas y periodistas

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos en Tamaulipas, en el 2016 a la fecha se han documentado diversas violaciones a las garantías individuales.

Manifestación de activistas en Tampico (José Luis Tapia)
Antonio Hernández
Ciudad Victoria /

Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico encabezan los expedientes relacionados con presuntas violaciones a defensores de derechos humanos, dijo Olivia Lemus, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Tamaulipas, al destacar también que están en trámite y vigentes cuatro casos de periodistas. 

Al dar un informe pormenorizado desde el inicio de la actual administración del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca destacó que en lo que va del año sólo hay un nuevo caso en defensores de oficio y ninguno en atención a periodistas. 

Señaló que del 2016 a lo que va del año se han atendido 10 casos de protección a defensores de derechos humanos que han sido resueltos y cinco más están en trámite y nueve de periodistas de los cuales tres están vigentes. 

Dijo que en lo que va del 2019 sólo se registra un caso en Ciudad Victoria por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica por incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia negativa o inadecuada asistencia a víctimas del delito, el cual se encuentra en trámite. 

En 2018, se dieron tres casos, donde Nuevo Laredo, Victoria y Tampico acapararon los casos por violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica; por actos y faltas contra el debido funcionamiento de la administración pública y la inadecuada prestación del servicio público en materia de impartición de justicia. 

El primero fue resuelto por incompetencia y los otros dos se encuentran en trámite. 

En el 2017 se registraron cinco casos uno en Nuevo Laredo y cuatro más en Ciudad Victoria por violaciones al derecho a la libertad de integridad personal, por detención arbitraria, amenazas, negativa a la reparación del daño por parte del Estado y de incumplimiento de la función pública en la administración de justicia, así como, de incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, insuficiente protección de personas y negativa de asistencia a víctimas del delito. 

De ello, solo uno se resolvió por acuerdo de incompetencia, dos por acuerdo de atracción emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los dos restantes se encuentran en estudio. 

En 2016, se registró un caso en Reynosa por violación al derecho a la seguridad personal. 

Mientras que materia de expedientes por atención a periodistas dijo que se han presentado nueve, cinco de ellos resueltos y cuatro en trámite.

En lo que va del año van cero casos, mientras que en el 2018 se registraron dos casos de agresiones contra periodistas uno por detención arbitraria tortura, golpes, incomunicación y amenazas contra la policía investigadora en Nuevo Laredo y el segundo caso registrado se presentó en Victoria contra tránsito municipal por la prestación ineficiente del servicio público. 

En este sentido, dijo que el primero de ellos se encuentra en trámite y el segundo caso se resolvió con acuerdo de sobreseimiento.

En 2017, se dieron tres casos de los cuales dos fueron en Victoria y uno Nuevo Laredo con el ministerio público investigador de la Procuraduría, contra la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, contra la Subsecretaría de Legalidad y Servicios Gubernamentales, el Instituto de Atención a Víctimas y la Policía Estatal Acreditable Fuerza Tamaulipas por violaciones al derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la integridad personal por el incumplimiento de la función pública, negativa de asistencia a víctimas del delito y por golpes, amenazas e intimidación. 

De ellos, dos encuentran en estudio para resolver, mientras que el tercero fue concluido por acuerdo de atención emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

En 2016 registraron cuatro casos: dos de ellos en Ciudad Victoria, uno en Tampico y uno en Reynosa... contra la Policía Estatal y la Agencia del Ministerio Público Especializado en Personas no Localizadas, Policía Ministerial y con regidores del Ayuntamiento de Altamira, por amenazas e intimidación, robo, incumplimiento la función pública en la procuración de justicia por violación al derecho a la libertad de expresión. 

Se resolvió uno por acuerdo de no acreditadas las violaciones de derechos humanos, uno más se decretó su improcedencia y dos se encuentran en estudio para su resolución.


ELGH 

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