En Oaxaca, colectivos feministas marcharon para exigir que en el Código Penal se penalice el castigo para sancionar y castigar la violencia vicaria, porque muchos violentadores de mujeres siguen gozando de impunidad.
Oaxaca es parte de los 17 estados en el país en reconocer como delito la violencia vicaria, luego de que el pleno de la Cámara de Diputados, aprobó en marzo, con 30 votos, una reforma al artículo séptimo de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de violencia de Género.
Aún así falta incluir el delito en el Código Penal para definir el castigo y castigar a los transgresores por la vía legal.
- Te recomendamos Activistas de Edomex piden a Delfina Gómez agenda para combatir violencia de género Política
Testimonio de víctima de violencia vicaria
Iliana Acevedo Brena, una de las víctimas emblemáticas de violencia vicaria, aceptó que ha vivido mil 800 días en un calvario, después de que su ex pareja le arrebató a su hija, Valentina, por la fuerza y no le ha permitido volver a verla, tan solo por que en el divorcio le solicitó la pensión alimenticia.
Sostiene que ha hecho valer varios juicios de acusación en los tribunales, pero no le dan la razón y solo la revictimizan.
De acuerdo a la última modificación al artículo 7 de la ley estatal de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género se establece que la violencia vicaria es toda acción y omisión cometida por una persona o a través de terceros contra una mujer con quien tiene o mantuvo un vínculo matrimonial o una relación sentimental.
Violencia vicaria¿Cómo se ejerce la violencia vicaria?
La violencia vicaria, se ejerce a través de los hijos, producto de la relación, o cualquier persona significativa para ella, con el objeto de causarle daño psicológico patrimonial, moral o de cualquier otro tipo.
De acuerdo a los posicionamientos de los legisladores, el 94% de quienes ejercen violencia vicaria en Oaxaca, cuenta con recursos que le permiten favorecerse en los procesos legales en perjuicio de las víctimas.
Se advierte que 9 de cada 10 agresores cuentan con forma de bloquear los procesos legales de las víctimas, entre ellos el 18% cuenta con cargos públicos, 58% con tráfico de influencias o llamadas redes del poder, un 67% realizan estrategias de alargamiento procesal y un 81% utiliza recursos económicos.
RM