Un tribunal colegiado ordenó crear la comisión de investigación para la verdad y la justicia del caso Iguala, porque aseguró que la indagatoria de la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida 26 y 27 de septiembre de 2014, no fue “imparcial” e independiente y hay indicios de que los principales acusados fueron torturados.
En la sentencia se detalla que los miembros de la comisión “tendrán libre e inmediato acceso a todo centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, o vestigios que aporten información sobre su paradero; incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense”.
Por unanimidad, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, del primer tribunal colegiado, con residencia en Tamaulipas, ratificaron el fallo dictado el 19 de mayo de 2017 por el tercer tribunal unitario con residencia en la mencionada entidad.
La resolución fue emitida el pasado 1 de junio y es definitiva; funcionarios federales indicaron que la PGR aún puede solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerza su facultad de atracción, pero por tratarse de un fallo terminal, es difícil que el máximo tribunal acepte.
La resolución del colegiado derivó del amparo que promovieron Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo; Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Gildardo López Astudillo, El Gil, y Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel; el tribunal ordenó reponerles el procedimiento y que peritos independientes les practiquen el Protocolo de Estambul.
El fallo dejó sin efecto los autos de formal prisión dictados en su contra, pero no implica su libertad.
Integración del grupo
Funcionarios del Poder Judicial de la Federación explicaron a MILENIO que el tribunal colegiado tiene facultades para ordenar la creación de dicha comisión, que dependerá de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Indicaron que lo anterior se fundamenta en tratados internacionales que han dado origen a comisiones de la verdad en otros países, como Guatemala y Bolivia, y al artículo 102 de la Constitución federal, que faculta a la CNDH para crear comisiones de investigación.
En el expediente, el tribunal colegiado enfatizó que la comisión de investigación para la verdad y la justicia del caso Iguala se conformará por los representantes de las víctimas (familiares de los estudiantes desaparecidos), la CNDH y el Ministerio Público de la Federación.
Los fiscales y personal de la PGR que pasen a formar parte de la comisión investigadora, precisa el fallo, deberán ser distintos a los que han participado previamente en el presente caso.
En la sentencia se cita que todo oficio o determinación que se emita para su validez deberá contar con el aval de los representantes de las víctimas y de la CNDH. Las diligencias podrán incluso ser practicadas en las instalaciones del organismo de derechos humanos.
También puntualiza que los peritos que participen en la comisión deberán ser independientes y pertenecer a instituciones públicas o privadas.
“Por regla general habrá de prescindirse de los peritos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR, a menos que los representantes de las víctimas y la CNDH consideren pertinente su intervención”, establece el fallo.
Pide apoyo presidencial
El Tribunal Colegiado subrayó que la integración de la comisión de investigación para la verdad y la justicia encuentra un claro sustento jurídico, diseminado en diversos instrumentos internacionales, protocolos, así como en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en este caso, por ser más favorable a las personas, resulta de observancia obligatoria, de acuerdo con el criterio del máximo tribunal.
“Sin embargo, pese a la abundante información con que se cuenta al respecto, se trata de una figura novedosa en el país. Ahora, tomando en consideración que lo sucedido en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, constituye un hecho sin precedentes, ello da lugar a adoptar medidas y determinaciones que quizás tampoco encuentran antecedente en la historia moderna de nuestro país.
“Para este tribunal colegiado, está claro que el éxito de dicha comisión será también el éxito del propio Estado y de sus instituciones, pero sobre todo constituirá la materialización de la verdad y la justicia, en el marco del estado de derecho que debe prevalecer en todo país democrático, como el nuestro.
“Para ello, la comisión de investigación para la verdad y la justicia (caso Iguala) seguramente requerirá el apoyo de diversas instituciones públicas del país. Por tal motivo, de la manera más atenta y respetuosa, se le solicita al señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias que integran su gabinete para que, en el marco de sus respectivas atribuciones, se sirvan prestar el apoyo y demás facilidades que requiera la referida comisión, para el logro de su cometido”, resalta la sentencia.
“Indagatoria no fue efectiva”
El tribunal federal estableció que la investigación del caso Ayotzinapa “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR”, como lo exige la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los protocolos adoptados por la ONU.
“En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente”, se determinó crear dicha comisión, indicó el tribunal.
Los magistrados del primer tribunal colegiado también ordenaron a la PGR que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul; “en caso de no presentarlos con las exigencias del protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”, se especifica en el expediente de 712 cuartillas.
Plantea indemnización
En la sentencia, el tribunal puso a consideración de las autoridades una indemnización de 500 mil pesos a cada una de las familias de los estudiantes desaparecidos, “en el entendido de que lo anterior implicaría únicamente un adelanto parcial para que las víctimas puedan afrontar las dificultades económicas más apremiantes, derivado de la situación a que se han venido enfrentado desde la desaparición de sus familiares”.
Los magistrados dejaron claro que “todo ello se considerará por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el supuesto de que el asunto se sometiera a su jurisdicción y el Estado mexicano resultara condenado, como en el caso Trujillo Oroza contra Bolivia”.
Antecedentes
El 28 de enero de 2015, el entonces titular de PGR, Jesús Murillo Karam, declaró que la “verdad histórica” es que los 43 normalistas de Ayotzinapa “fueron privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan”, en Cocula.
De acuerdo con la investigación de la PGR, Gildardo López Astudillo, El Gil, presuntamente ordenó la ejecución e incineración de los 43 en el basurero municipal de Cocula, tras la orden que recibió del jefe absoluto de la organización delictiva, Sidronio Casarrubias Salgado. Los jóvenes fueron confundidos con integrantes de un grupo contrario.
Felipe Rodríguez Salgado supuestamente recibió “los paquetes”, es decir, a los normalistas, en la Loma del Coyote, Iguala, para trasladarlos al basurero de Cocula, donde la “verdad histórica” de la PGR asegura que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos incinerados.
La PGR documentó que El Wereke se dedicó a cuidar el basurero tras el crimen, mientras que El Chequel estuvo con El Cepillo cuando recibió a los estudiantes y lo acompañó en el tiradero municipal de Cocula.