‘Comisión Iguala’ someterá al Ejecutivo a poderes de facto

La comisión de la verdad  para el caso Iguala “no tiene sustento normativo para su existencia y operación”, señaló la Presidencia de la República a través del consejero jurídico, Misha Leonel Granados Fernández.

Además, añadió, es “ilegal” que tenga acceso a los centros de detención, pues la medida “genera desconfianza y vulnerabilidad del estado de derecho”.

Estos argumentos del gobierno de la República constan en el documento denominado “incidente de imposibilidad para cumplir el fallo”, emitido ante el amparo 2014/2017, donde el tercer Tribunal Unitario del decimonoveno circuito declaró la imposibilidad jurídica de acatar el fallo del Tribunal Colegiado que demandó crear esa comisión.

En dicho documento, la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Cámara de Diputados también reconocen que no se puede crear el mecanismo que ordenó el primer Tribunal Colegiado del decimonoveno circuito para ampliar la investigación sobre los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.

La Presidencia indicó que “la ejecutoria del amparo invade facultades competenciales del Ejecutivo federal, al ordenarle que gire instrucciones a todas las secretarías y dependencias para que presten apoyo y facilidades a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, vulnerando con esa orden el principio de división de poderes”.

El consejero jurídico añadió que al crear la comisión se “romperá el orden constitucional” porque se obliga al Presidente de la República a colaborar con una “autoridad de facto” y a ser parte de una “absoluta violación” a las normas constitucionales.

La decisión “pretende dotar de recursos presupuestarios a la comisión de la verdad, que no tiene sustento normativo para su existencia y operación, acarreando un indebido ejercicio del gasto y afectando los planes y programas presupuestados”.

Asimismo, la Presidencia dijo que es ilegal que la comisión tenga acceso a centros de detención a cargo del Ejecutivo y sus dependencias, incluidos sitios de jurisdicción militar, pues eso “genera desconfianza y vulnerabilidad” del estado de derecho.

La Consejería Jurídica señaló que tampoco puede pasarse por alto la autonomía de la Secretaría de la Defensa Nacional, que sería afectada si se le ordena abrir sus instalaciones a los familiares de los normalistas desaparecidos. También recordó que la dependencia ya colaboró con los parientes durante la investigación del caso.

Respecto a la indemnización que ordenó el Tribunal Colegiado para los familiares de las víctimas, la Presidencia manifestó:

“Al ordenarse en la ejecutoria una cantidad (...) de indemnización se anticipa la calificación de existencia del delito, como si se tratara de un asunto concluido, por lo que si no se ha fincado responsabilidad penal a los inculpados, es imposible legalmente la indemnización.

La Presidencia también aseveró que está fuera de lugar la decisión de dar vista al secretario de Salud para que actúe respecto a la afirmación de que se negó el servicio a los normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron atacados por Guerreros Unidos y policías municipales.