La sala de vigilancia del Altiplano contaba con un sistema de circuito cerrado de televisión con algunos equipos de cómputo. Pese a lo ordinario del lugar, desde ahí se monitoreaba el área de “tratamientos especiales”, un conjunto de 20 celdas entre las que se encontraba la del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán.
En ese conjunto estaba la Estación Operador 13, desde donde se monitoreaban a un grupo de reos especiales llamados “objetivos prioritarios”.
Con una computadora HP Compaq 8200 con mouse –una que fácilmente podría encontrarse en el escritorio de cualquier oficinista– cuidaban a El Chapo Guzmán , quien ocupaba la celda 20 del pasillo número dos.
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También se vigilaba a Héctor Manuel Beltrán Leyva, El H, líder del cártel que llevaba sus apellidos; a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, último líder de los Caballeros Templarios, y a Omar Treviño Morales, El Z 42, fundador del cártel de Los Zetas. Todos ellos cabecillas de organizaciones sanguinarias.
La rutina en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 lucía monótona aquella noche del 11 de julio de 2015. El policía federal Emanuel Galicia Conchillos era el encargado de la estación de trabajo que vigilaba los dormitorios desde los monitores, mientras que su colega Jaime Galindo Hernández era el encargado de apoyo en el Centro de Control, como se le llama a la sala de vigilancia.
MILENIO tuvo acceso a la sentencia definitiva de dos empleados del área de monitoreo del penal del Altiplano, emitida hace un mes por una jueza federal.
¿Revisión médica a La Tuta?
Según el propio Jaime Galindo, pasadas las 20:00 horas de ese día fue trasladado al servicio médico Servando Gómez, hecho que ocupó toda su atención. Más tarde La Tuta corroboraría ante un juez los dichos de Galindo.
Según su versión, a las 20:20 horas, La señito, una mujer del área médica, pasó a su celda para informarle que le tocaba revisión. Unos 10 minutos después, un guardia al que apodaban El Chabelón lo trasladó a los servicios médicos.
El federal Galindo, sorprendido porque nadie al interior del penal les había avisado que llevarían a La Tuta al médico, le preguntó a su compañero Emanuel Galicia si tenía más información sobre ese movimiento extraordinario. Este le respondió que no, por lo que intentaron conseguir información y llamaron directamente al personal médico.
Oswaldo Gastón Veytia Rodríguez, otro de los empleados del área de monitoreo a quien le habían encomendado escuchar las conversaciones de reos como El Chapo, Mario Cárdenas Guillén o Miguel Ángel Treviño Morales, declaró que gracias a él se enteraron de que algo pasaba en la celda 20.
A las 20:48 horas, a través de los monitores, vio que Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, se acercó a la reja de la celda que ocupaba para hablar con otro reo, Jean Succar Kuri, un empresario acusado de corrupción de menores y pornografía infantil. El Chapo Guzmán y Mario Cárdenas Guillén estaban acostados, parecían preparados para dormir.
Intrigado con la cercanía del fundador de Los Zetas y el pederasta, decidió activar el audio para escuchar su conversación, sin embargo, otra cosa llamó su atención: el movimiento abrupto del líder del cártel de Sinaloa, quien se paró de su cama como impulsado por un resorte. Por eso decidió regresar la grabación, pero se pasmó el sistema, así que tuvo que reiniciar el equipo.
Fue entonces que decidió llamar a Emanuel Galicia Conchillos, encargado en ese turno de la revisión a través de los monitores. Le preguntó qué hacía Benito, como le decían en la cárcel a Joaquín Guzmán Loera. El federal le dijo que El Chapo ya estaba acostado; Oswaldo le replicó:
“No mames comandante (sic), se fue por el área de regadera y no se ve qué esté haciendo”.
Oswaldo Gastón Veytia también le comentó lo que pasaba a su jefe directo, Darío Aurelio: “Wey, el Benito se escondió en las regaderas, no se ve qué esté haciendo”. A las 21:09 horas volvió a marcar al Centro de Control, otra vez contestó Emanuel Galicia, quien una vez más respondió “ya lo estoy checando”.
Según las declaraciones de los involucrados, fue hasta las 21:17 horas cuando los empleados de monitoreo lograron comunicarse al área de custodios, tras 18 intentos. El primer oficial en contestar fue Juan Ignacio Cuarenta Orozco, sin embargo, fue hasta las 21:25 horas que se activó el código rojo, es decir que se puso en alerta a todo el penal de El Altiplano.
Pese a que sólo vigilaban las cámaras, los elementos de la entonces Policía Federal, Emanuel Galicia Conchillos y Jaime Galindo Hernández, fueron acusados por la PGR de haber actuado en contubernio con El Chapo Guzmán para lograr su escape a través de un pasadizo subterráneo. Los acusaron de tener “un plan común”.
Desde entonces, familiares de Galicia y Galindo señalaron a las autoridades de tenerlos como presos políticos, ya que incluso los funcionarios con más altos cargos, incluido Valentín Cárdenas Lerna, director del penal, fueron liberados rápidamente. Funcionarios con cargos menores eran supuestos chivos expiatorios en el caso de la fuga de El Chapo.
En este contexto, el 31 de julio de 2024 se dictó sentencia definitiva sobre el delito de evasión de presos a los dos policías federales. Tras ocho años de litigio, la pena impuesta fue de cuatro años cuatro meses de prisión e inhabilitación de tres años ocho meses para obtener otro cargo público.
Sin embargo, Emanuel Galicia Conchillos fue liberado en noviembre del 2018, y Jaime Galindo Hernández a mediados de 2023 por intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez. Esto ocurrió porque se logró una modificación de medidas cautelares, pero no porque se hubiese dictado una sentencia definitiva en su contra, lo cual ocurrió hasta este 2024.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, la jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, descartó la premisa de “un plan común”, puesto que no fue acreditada esa intención colectiva. Ahora los policías podrán reincorporarse al servicio público de así desearlo.
La sentencia definitiva también revela, a través de 91 documentales y testigos, cómo se vivió dentro del penal la fuga de Joaquín Guzmán en 2015.
¡Se fue Benito!
A Valentín Cárdenas Lerma, director del penal, le avisaron a las 21:35 horas de ese 11 de julio del 2015. Lo hizo un policía de la oficina de Enlace Operativo, es decir, los encargados de monitorear el penal de máxima seguridad del Estado de México.
La noticia era aterradora: no observaban en las cámaras al interno R5, conocido en libertad como Joaquín Guzmán Loera, uno de los narcos más peligrosos de todos los tiempos y líder del cártel de Sinaloa. La última vez que había visto al hombre pequeño y regordete por los monitores, fue cuando caminó al baño de su celda y se agachó. De ahí, desapareció.
Sin detenerse a analizar qué pasaba, Cárdenas Lerma activó el Código Rojo y ordenaron frenéticamente que los presos fueran encerrados bajo llave en sus celdas de cuatro por dos metros, que se suspendieran las entradas y salidas y se realizará un pase de lista extraordinario.
Llamó a las policías federal y militar que rodeaba la zona de Almoloya de Juárez y les rogó que cerraran todos y cada uno de los caminos. Mientras Valentín Cárdenas hacía las llamadas, el comandante de la zona cinco del penal, Esteban Ramírez Estrada, se apresuró a ir hasta la celda número 20 del pasillo 2, ese espacio diminuto donde habían encerrado a El Chapo el 22 de febrero del 2014.
A esa celda también llegó el oficial Juan Ignacio Cuarenta Orozco. El comandante Ramírez Estrada sostenía una radio en la mano con la que se comunicó rápidamente con otro comandante, Roberto Cruz Bernal, quien se encontraba en otra área del penal.
—¡¿Qué pasó?! —exclamó Roberto Cruz.
—No se ve, no se ve comandante. Hay un ollo (sic) en la regadera.
—¿Oye, pero el Benito está ahí?
—No comandante, no está.
—Proceda, proceda que se nos va.
Juan Ignacio Cuarenta alcanzó a ver un bulto en la cama del narcotraficante como si estuviera tapado con una manta, por eso lo primero que se le ocurrió fue gritarle: “¡Guzmán, Guzmán!”. A lo lejos otros internos empezaron a gritarle también, aunque con respeto: “¿Don Joaquín?”.
Cuando se dieron cuenta de la fuga, los oficiales sólo atinaron a exclamar: “Chingada madre (sic)”.
La hora oficial que cambiaría la vida de Valentín Cárdenas, el director del penal que moriría cuatro años después con el estigma de estar coludido con El Chapo, fue 21:40 horas. A esa hora fue la confirmación de los custodios: “No está y se alcanza a ver un hueco en el piso de la regadera”.
No fue un “plan común”
En el centro de control quedaría grabado para siempre el video “236 T.E P-2 E-20”, en el que se registró que a las 20:50 horas El Chapo empezó a caminar ansioso de su cama al baño, mirando fijamente a la regadera.
Se ve que a las 20:51 horas se metió al espacio de la regadera y se agachó, para reaparecer frente a la cámara 24 segundos después. Caminó otra vez hasta su cama, se cambió sus zapatos y volvió a entrar a la regadera, donde se le cayó una toalla. Un minuto después, a las 20:52, desapareció de la imagen y del penal.
Lo único que dejó El Chapo esa noche en su celda fue una televisión de 22 centímetros con antena metálica, unas sandalias Arabella, y su brazalete color negro con un número de identificación; estaba roto.
El 31 de julio, una jueza del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México finalmente dictó la sentencia definitiva y descartó la premisa de un plan común.
Destacó, sin embargo, que no se aplicaron los procedimientos adecuados para alertar de un posible riesgo.
“Esto generó que el interno permaneciera aparentemente sin ser visualizado por aproximadamente veintiocho minutos (posterior a una conducta inusual), tiempo dentro del cual escapó por un agujero realizado (por terceros) en el área de la regadera”, dijo la jueza.
Reconoció que si bien no se tenía certeza de la evasión del interno, se podría considerar activar el código rojo o la alerta de seguridad, pues ya existían conductas del interno que hacían posible un control más estricto de su vigilancia.
Raquel Ivette Duarte Cedillo señaló que, si bien durante estos años el Ministerio Público de la Federación realizó su acusación sobre la premisa de un plan común, este supuesto no fue acreditado. Al contrario, las circunstancias particulares de los dos policías federales le hicieron considerar que desconocían de tal planificación a la que aludió el fiscal.
“Actuaron imprudentemente, pensando que existían circunstancias anómalas en el actuar de Guzmán Loera”, sin embargo, determinó la jueza, estos hechos “no implican per se una evasión”.
La sentencia asevera que es verdad que: “se observa claramente la dilación en la cual incurrieron actuando de una manera por demás pasiva a la importancia” del escape de El Chapo. “El personal de Centro de Control no sólo contaba con la imagen de la mencionada celda 20, sino también con audio”, confirmó.
Ponderó que la Policía Federal no tenía la obligación de activar el código rojo y que, además no se les había impartido algún curso respecto de la activación de tal mecanismo de alerta.
Con esta sentencia definitiva, los policías podrán recuperar sus derechos como ciudadanos libres.
RM