El Gobierno de México desmanteló una red de empresas y personas físicas que enviaba despensas de alimentos a Venezuela, nación a la que vendían con un sobreprecio de 112 por ciento.
La Procuraduría General de la República encontró en territorio nacional mil 300 contenedores marítimos con un millón 800 mil despensas, mismas que se determinó enviarlas a Venezuela para no agravar la crisis humanitaria por la que atraviesan.
Israel Lira Salas, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, mencionó que la indagatoria inició por una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda que detectó movimientos de recursos inusuales.
El funcionario indicó que el 3 de abril de 2016, el Gobierno de Venezuela emitió un “Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica”, por la que creó los “Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAPS).
Dicho programa, tiene como fin distribuir, entre la población afiliada a éstos, despensas de alimentos a precios subsidiados.
A partir de 2016, una red de empresas y personas físicas, tanto nacionales como extranjeras, obtuvieron recursos públicos venezolanos provenientes del programa gubernamental, que tiene como propósito adquirir despensas alimenticias en diversos países, para posteriormente, exportarlas a Venezuela y distribuirlas entre la población a un precio menor al de su costo comercial y así atenuar la grave crisis alimentaria que sufre la población de Venezuela.
Sin embargo, este grupo de empresas y personas físicas (mexicanas y extranjeras), obtuvieron recursos desviándolos de sus fines humanitarios, para, en cambio, adquirir alimentos y especular comercialmente con ellos, aprovechándose de la carestía alimentaria que aqueja a Venezuela.
El delito lo cometían a través de tres mecanismos de operación:
“Adquirir productos de baja calidad; exportarlos a Venezuela con sobre precio, y a través de los CLAPS, revenderlos a la población venezolana en un valor 112% mayor al costo real".
Lira Salas dijo que en el transcurso de la investigación se detectó la existencia de diversos operadores, como Alex “N”, aparentemente relacionado con autoridades del gobierno de aquel país, así como Álvaro “N”, Emmanuel “N”, Santiago “N” y Andrés “N”, quienes con el propósito de obtener los productos alimenticios que deben suministrar al gobierno venezolano, acuden a diversos países (entre ellos, México) para contactar con otras empresas.
Indicó que la PGR celebró un acuerdo reparatorio con diversas personas físicas y morales involucradas en la investigación, en los siguientes términos:
“Los imputados harán entrega al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de la cantidad de 3 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 56 millones pesos, los cuales serán destinados para atender el mandato de la ACNUR en América Latina y el Caribe.
“Los imputados se comprometen a no efectuar, por sí o por interpósita persona, ningún acto comercial con el Gobierno de Venezuela o terceros, que operen o se encuentren relacionados con el envío y comercialización de despensas, alimentos o medicinas en aquel país, con motivo del programa CLAPS de Venezuela”.
El subprocurador comentó que se localizaron mil 300 contenedores marítimos en México, que contienen aproximadamente un millón 800 mil de despensas alimenticias, cuyo destino era el país de Venezuela, mismas que fueron proveídas por los empresarios relacionados con la presente investigación.
“Al analizar que los productos alimenticios son perecederos y que tienen como destinatarios finales la población de Venezuela, se tomó la decisión de no impedir que las despensas fueran transportadas y entregadas a sus beneficiarios; pues de lo contrario se corría el riesgo de agravar la crisis alimentaria que se vive en esa nación, de que se empalme o se aproxime la caducidad de los productos o de que su entrega se realicen en condiciones no aptas para el consumo humano.
"Sin duda, los elementos aportados por esta investigación serán compartidos con las autoridades competentes a nivel internacional con objeto de continuar la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero y en particular, de este esquema fraudulento”, expresó el funcionario de PGR.
Luis Alfonso de Alba, subsecretario de Relaciones Exteriores, dijo que
no se detuvo el envío de las despensas, “porque sería un acto irresponsable bloquear esta ayuda”.
jbh