Un juez federal rechazó conceder una suspensión definitiva al ex director de Planeación Tecnológica delConsejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Rafael Pando Cerón, quien promovió un amparo contra cualquier orden de presentación, localización o aprehensión que pretenda ejecutar la Fiscalía General de la República (FGR).
Juan Mateo Brieba de Castro, juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó negar la medida cautelar porque la FGR informó que no busca detenerlo y no ha solicitado una nueva orden de aprehensión, hasta este momento.
Pando Cerón es uno de los académicos que falta por comparecer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la cual integró una carpeta de investigación contra 31 integrantes del Conacyt por un presunto desvío de 244 millones de pesos a través del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
“Se niega la suspensión definitiva solicitada por Rafael Pando Cerón contra el fiscal Especializado en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República -en su denominación correcta- y otras autoridades, a quienes atribuyó la orden de presentación, localización, detención, aprehensión o cualquier otro acto privativo de la libertad, así como su ejecución, por los motivos expuestos en esta determinación”, señala el acuerdo del juez.
La semana pasada, a las instalaciones de la FEMDO acudieron a comparecer las académicas Julia Tagüeña, Mónica Ramírez, Gabriela Dutrénit, Patricia Zúñiga y José de Jesús Franco López. Debido a un error, el citatorio para Rafael Pando no pudo ser notificado.
El 21 de septiembre, Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez (en el Altiplano), Estado de México, negó ordenar la aprehensión de los 31 académicos, científicos y ex servidores públicos del Conacyt.
El juez consideró que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico operó bajo las reglas previstas en la ley, motivo por el cual los 244 millones de pesos que utilizó de 2013 a 2019 está amparado en la legalidad.
Pese a ello, la FGR pretende volver a intentar solicitar una orden contra ellos por los presuntos delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.