El Poder Judicial del Estado de México decretó la amnistía a favor de Bonifacia, mujer indígena mazahua de 66 años, originaria de la comunidad de Los Hoyos, municipio de Villa de Allende, quien se encontraba interna en el Centro Penitenciario de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, sentenciada por un homicidio simple, ocurrido en octubre de 2021.
La resolución se dio durante la última Sesión Extraordinaria de la Sala de Asuntos Indígenas, realizada en el Patio Constitución del Palacio de Justicia mexiquense, donde se analizó el pronunciamiento número 23 presentado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Fue condenada a casi 9 años de prisión
El caso data de octubre de 2021. En ese año, la mujer había asistido a una reunión con su entonces pareja sentimental y cuando iban de regreso a su casa, él la golpeó en múltiples ocasiones en al calle.
Ella se defendió y tomó una vara, con la que le dio un golpe a la altura del cuello del lado izquierdo y como consecuencia murió, por linaje fue acusada y sentenciada a 8 años de prisión y 9 meses de prisión por el delito de homicidio simple. Al momento de la amnistía, había compurgado 3 años y 7 meses de la sentencia.
Según el análisis de la Codhem, su proceso no consideró que desde la infancia vivió en un contexto de violencia de género, además de haber sido víctima de violencia familiar, sexual, patrimonial e institucional.
La Comisión indicó que su condición de mujer, indígena, adulta mayor, sin estudios y en pobreza extrema, así como la falta de un traductor de mazahua durante su proceso judicial, la colocaron en situación de discriminación múltiple. Estas circunstancias se catalogan como “categorías sospechosas” a considerar en la evaluación de la amnistía.
Irregularidades dentro del caso
Durante la sesión, el presidente de la Sala de Asuntos Indígenas, Eduardo Navarro Cabral, expuso que se constató que la sentenciada tenía la calidad de indígena, al autoadscribirse como perteneciente a un pueblo originario, y que la Ley de Amnistía es de orden público, de interés social y de aplicación obligatoria, con especial atención a personas pertenecientes a comunidades indígenas.
Detalló que el expediente evidenció violaciones a sus derechos humanos, entre ellas la omisión de garantizar un intérprete, la falta de una estrategia de defensa con perspectiva de género y la ausencia de pruebas periciales que acreditaran su intervención en los hechos.
Señaló que la documentación recabada mostró que el día de los hechos ella fue agredida físicamente por la víctima, con evidencia médica de las lesiones sufridas.
Agregó que no se aportaron medios de prueba suficientes y que la sentencia se sustentó únicamente en la aceptación de los hechos dentro de un procedimiento abreviado, sin valorar el contexto de violencia que rodeó su vida. Indicó que la sentenciada no es reincidente y no representa un riesgo de violencia futuro.
Dan amnistía como muestra de un avance de justicia a grupos vulnerables
Con base en estos elementos, la Sala de Asuntos Indígenas votó a favor de conceder la amnistía, validando el pronunciamiento de la Codhe, y las violaciones al debido proceso detectadas.
En el acto, el presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, afirmó que el otorgar amnistía en este caso es muestra del avance de la justicia a grupos vulnerables.
"Este acto es de la mayor trascendencia, atestigua el enorme compromiso que tenemos en el Estado de México para dignificar la justicia y ampliar sus horizontes en beneficio de todos los habitantes, así como de los pueblos originarios”, declaró.
Asimismo, indicó que la liberación de Bonifacia refleja la visión de un sistema judicial más humano y cercano. “La justicia alcanza su verdadera legitimidad cuando se ejerce con pluralidad, cercanía y sentido humano", concluyó.
En el acto estuvieron presentes la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jazmín Esquivel; así como el presidente electo de este órgano autónomo, Hugo Aguilar Ortiz, quien dicho sea de paso, también es de ascendencia indígena.
Al respecto, celebró este fallo dado por el tribunal indígena. "No puede haber norma que no busques la justicia, no puede haber institucionalidad que no busque la justicia, no puede haber sociedad en paz si no es una sociedad con justicia".
"Todos debemos de reconocer que las normas, nuestra propia constitución y la institucionalidad que nosotros creamos, es un instrumento de la justicia. Solo viviremos en paz, cuando la justicia llegue a todos los rincones de nuestro país", declaró.
Tras casi cuatro años recluida, Bonifacia sale de prisión
A las puertas del penal de Santiaguito, Bonifacia celebró su libertad después de pasar varios años en prisión. Salió con paso firme y la mirada puesta en el reencuentro con su hija y sus nietos, convencida de que su lugar está en el campo, cultivando maíz, frijol y trigo como lo ha hecho desde joven.
“A trabajar, le doy gracias a Dios que ahorita pues ya voy saliendo y le pido a Dios que esté bien, que no me enferme, para salir adelante, yo soy agricultura y eso es lo que pienso hacer (...) igualmente sembrar, escarbar”, declaró.
Recordó que la separación de su familia le provocó tristeza y problemas de salud durante los primeros meses de reclusión, al grado de temer por su vida.
Sin embargo, con el tiempo logró adaptarse a la rutina y encontró refugio en las actividades del penal. Aprendió nuevas puntadas de bordado en punto de cruz y continuó sus estudios básicos, logrando reconocer algunas letras con la meta de escribir correctamente su nombre.
Su fe fue el sostén que la mantuvo con esperanza de salir en libertad. Dijo que en sus oraciones pedía a Dios perdón por sus errores y la oportunidad de reunirse con los suyos: “Que me dejara salir, que me abriera las puertas para estar con mi familia”, expresó.
Respecto al crimen por el que fue sentenciada, ella aseguró que sí siente arrepentimiento, porque su intención no era herirlo de ese modo.
“Sí me arrepiento por eso que pasó, por ejemplo ahorita yo me voy (…), no van a decir ahí esa señora que mató a alguien, pero yo le vuelvo a decir, no pasó esto por querer pensar y hacerlo, te digo yo le aguanté 15 años de puros golpes”, indicó.
La titular de la Codhem, Myrna García Morón, informó que este caso deja un precedente en la justicia mexiquense e indígena del país.
“Se trata de bajar a tierra los derechos humanos, de hacer posible a través de una investigación de derechos humanos se pueda cambiar el curso de algo que ya era una decisión final en el ámbito judicial… Un llamado para otra mujeres indígenas que eran aquí mismo -y en los 22 centros penitenciarios- que están privados de la libertad y que padecieron las mismas violencias”, finalizó
PNMO