María Estela Ríos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atender y resolver de manera prioritaria la controversia constitucional que presentó el gobierno del Estado de México, el cual impugnó los resultados del Censo de Población 2020, ya que está impactando en las participaciones federales para las entidades del país.
El gobierno mexiquense que encabeza Alfredo del Mazo reclamó que el censo muestra una baja de un millón 58 mil habitantes en dicha entidad, lo que provocaría que se le aplique una disminución de 4 mil 328 millones de pesos al año en sus participaciones federales.
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La controversia constitucional fue admitida a trámite por el ministro Luis María Aguilar Morales, quien otorgó una suspensión al gobierno estatal, obligando de esta manera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que calcule de nuevo las participaciones federales para todos los estados, pero con los datos que se contaban antes de los resultados del Censo de 2020.
Por este motivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la consejera jurídica ejerció su facultad para solicitar al máximo tribunal de justicia del país que atienda de manera prioritaria este asunto.
Ahora, el ministro Luis María Aguilar deberá evaluar la petición de la consejera jurídica y la Suprema Corte decidirá si lo acepta o no.
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