Las investigaciones y sanciones administrativas que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) podría imputar al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, deben seguir los mismos lineamientos que un proceso judicial, por lo que la filtración de los detalles de una denuncia en su contra, y de otros integrantes del Poder Judicial se traduce en una violación al debido proceso.
Así lo establece el Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas para los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en el cual se considera que estas faltas a un posible proceso sancionatorio son causal incluso de extinción de la indagatoria.
El pasado viernes 12 de abril, se hizo público que la actual presidenta de la SCJN, la ministra Norma Piña Hernández, instruyó abrir una investigación contra su antecesor y contra otros 60 integrantes del Poder Judicial, esto luego de que se presentara una denuncia anónima apenas a inicio de esa semana.
“Se ordena el inicio de la investigación y se otorga para su trámite a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas las más amplias facultades a efecto de que se recaben los medios probatorios que resulten necesarios para el esclarecimiento de las conductas denunciadas y, con ello, estar en condiciones de establecer la existencia o no de alguna falta administrativa”, dice el documento firmado por la ministra que se hizo del conocimiento público.
Por lo anterior, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea anunció que presentará una demanda de inicio de Juicio Político en contra de Norma Piña, al mismo tiempo, agregó que se promoverán denuncias en la misma SCJN, el Consejo de la Judicatura Federal, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, el Instituto Nacional de Transparencia y el Instituto Nacional Electoral.
Piña "ha incurrido en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos en responsabilidades electorales, en responsabilidades administrativas y también en responsabilidad política”, dijo Zaldívar al respecto.
El propio CJF manifestó, en un comunicado difundido el pasado miércoles 17 de abril, que se abrirá otro procedimiento para indagar el origen de la filtración de los documentos relacionados con el ministro en retiro.
ROA