Por corrupción inmobiliaria, Fiscalía de CdMx busca a cuatro personas más; tres son ex funcionarios

También cuentan con ficha roja de la Interpol, por lo que son buscados en más de 190 países.

Cuatro personas buscadas por corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. (Especial)
Gaspar Vela
Ciudad de México /

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCdMx) busca a cuatro personas más –entre ellas tres ex servidores públicos de la alcaldía Benito Juárez– a quienes señala de estar relacionados con la red de corrupción en el sector de bienes raíces en la demarcación.

Autoridades ministeriales dieron a conocer que se trata de Víctor Manuel Mendoza Acevedo, ex director general de Planeación, Desarrollo y Participación en la alcaldía, así como Emilio Sordo Zabay, ex director de Desarrollo Urbano en la demarcación.

La Policía de Investigación de la Ciudad de México también realiza trabajos de búsqueda y localización de César 'N', ex funcionario que estuvo adscrito a la dirección general de Planeación, Desarrollo y Participación, así como Elvia 'N', quien - sin ser servidora pública -, fungía como enlace y gestora de César 'N'.

El Poder Judicial de la Ciudad de México libró órdenes de aprehensión contra estas cuatro personas, quienes están acusadas de los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público, asociación delictuosa y extorsión.

Giran ficha roja de Interpol

También cuentan con ficha roja de la Interpol, por lo que son buscados en los más de 190 países que integran la Organización Internacional de Policía Criminal. Además, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en su contra.

Consultado por MILENIO sobre el tema, Rodrigo Muñoz, víctima y asesor legal de afectados por el llamado “Cártel Inmobiliario”, detalló que Víctor Manuel Mendoza – hermano del diputado federal panista Luis Mendoza Acevedo - era un funcionario clave para avalar construcciones irregulares en la demarcación.

“Víctor, como director general de Planeación y Participación Ciudadana, tenía la única facultad relevante de la alcaldía, la más importante en materia de desarrollo inmobiliario, que es la supervisión, protección y firma del uso y ocupación. De hecho, el uso y ocupación es cuando la alcaldía va y verifica que todo estuvo en regla”, expuso.

El abogado añadió que la labor de Emilio Sordo como director de Desarrollo Urbano en la alcaldía, era comprobar que las construcciones respetaran los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, lo cual se incumplió en el complejo City Towers Green Black.

“Emilio es el que firma el uso y ocupación, son tres personas, ese documento lleva tres firmas. La de Adelaida, la de Emilio y la de Víctor. Ella (Adelaida) como directora de obras, certifica que la obra cumplió con todo, él (Emilio) como director de desarrollo urbano certifica que se cumplió con los lineamientos de SEDUVI, que sabemos que no porque había 56 departamentos más ¿no?”, explicó.

Respecto a César 'N' y Elvia 'N', el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, explicó el pasado ocho de febrero que solicitaban a empresarios cantidades de dinero, a cambio de aprobar permisos de construcción en la demarcación.

Explicó que una víctima denunció que asistió a la ventanilla única de la alcaldía Benito Juárez, con la intención de presentar una manifestación de construcción, a inicios del año pasado.

“La persona denunciante señaló que al ingresar en julio del mismo año a preguntar sobre el trámite que había realizado con anterioridad, el servidor público César 'N' le refirió que dicho trámite no podía realizarse porque necesitaba un último acuerdo, pero se podría solucionar dando una aportación económica por la cantidad de 82 mil 500 pesos, directamente en las oficinas de la Dirección General de Planeación, Desarrollo y Participación de la alcaldía.
“La víctima refirió que le comentaron que realizando este pago quedaría garantizado el trámite y, durante el proyecto, así como la realización de la obra, no tendría ningún problema de verificaciones ni de protección civil. Posteriormente tendría que realizar otra aportación económica más grande, toda vez que faltaban las constancias de seguridad estructural y el visto bueno para los permisos de construcción”, explicó.

DMZ

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