Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral (INE) contra las reformas a las leyes General de Comunicación Social y General de Responsabilidades Administrativas, las cuales representan la primera etapa del Plan B.
El ministro Alberto Pérez Dayán dio entrada al caso, donde el INE alega una invasión a sus facultades.
De acuerdo con registros judiciales, se trata de primera controversia contra el Plan B que es admitida a trámite, ya que hay 125 impugnaciones sobre el tema que presentaron gobiernos estatales y municipales.
En el acuerdo publicado por el ministro Pérez Dayán se menciona que el INE sostiene que el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, producen una violación directa a sus funciones que, como órgano constitucional autónomo, le confiere el texto constitucional.
“El Decreto combatido obstaculiza la función que realiza con fundamento en los artículos 41 y 134 constitucionales como garante, entre otros principios, de la equidad en la contienda electoral, en donde la comunicación social y la propaganda gubernamental tienen una importante incidencia”, indica el acuerdo de admisión.
La Corte también admitió a trámite la controversia que interpuso el municipio de Chihuahua, Chihuahua, contra la Ley General de Comunicación Social, la cual establece un gasto del 0.1 por ciento del presupuesto en campañas de difusión.
La Ley General de Comunicación Social menciona que es aplicable para los entes públicos que integran a los tres poderes de la Federación, de las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como los órganos a los que la Constitución dota de autonomía y cualquier otra institución o entidad de carácter público.
En su artículo 26 se específica que el “límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, en su conjunto, no debe rebasar el 0.1 por ciento del Presupuesto de Egresos Anual correspondiente”.
Los municipios que buscan que se eche atrás la reforma pertenecen a los estados de México, Guanajuato, Yucatán, Jalisco, Michoacán, Puebla, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Querétaro, Baja California Sur, Tlaxcala, Aguascalientes, Nuevo León y Guerrero.
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