La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó tres amparos que obligan a la Secretaría de Gobernación a estudiar nuevamente la petición de los braceros a los que les fue retenido un diez por ciento de sus ganancias durante su participación en el Programa Bracero de 1941 a 1964.
La Segunda Sala de la Corte concedió la protección a los quejosos porque la respuesta de la Segob no fue congruente con lo solicitado por los afectados, toda vez que dejó de considerar que el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos fue creado precisamente para atender las demandas de ese grupo social.
Diversos grupos de ex trabajadores migrantes presentaron juicio de amparo contra la respuesta que la Secretaría de Gobernación dio a su petición, para que les sean devueltas ciertas cantidades que afirman les fueron descontadas de sus salarios durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos bajo el Programa Bracero.
La Segob afirmó que no podía atender la petición porque carecía de facultades para ello, y que sólo podía resolver cuestiones relacionadas con el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos aprobado por el Congreso de la Unión.
En 2016, una juez federal ordenó a la Segob devolver a una docena de campesinos mexicanos el 10 por ciento de su trabajo que les fue retenido.
De 1941 a 1964, a petición de Estados Unidos, se realizaron negociaciones diplomáticas con México, para que el vecino país del norte pudiera cubrir la mano de obra faltante por las consecuencias, primero de la Segunda Guerra Mundial y, posteriormente para los años 50, por haber incursionado en la guerra con Corea.
Los campesinos mexicanos trabajaron en el campo de Estados Unidos así como en el ferrocarril.
Dentro de los requisitos que imponían los norteamericanos para que los braceros pudieran ingresar a su país, eran: la obligatoriedad de “desinfectarlos” con un spray blanco, para lo que los braceros debían formarse en fila desvestidos de pies a cabeza; someterse a un tacto anal; y, entre otras revisiones más se sometían a la revisión tanto de dentadura como de cuero cabelludo.
En la administración de Vicente Fox, se creó el Fideicomiso que administrará Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicano, que tras previo registro y entrega de los documentos que los acreditara como braceros, obligaba el Estado Mexicano a dar un “apoyo social” por 38 mil pesos a los ex empleados temporales o a sus familiares.
Sin embargo, dicho apoyo social no es lo mismo que reclaman los campesinos, quienes solicitan el porcentaje que se les retuvo.
nerc