La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene en sus manos un caso relevante del cual esperan resolución autoridades de México y de Estados Unidos, fallo que definirá el destino del coahuilense Oscar Fernando Villareal Martínez, quien presuntamente defraudó a empresas importantes de ambas naciones.
En 2005, y con la edad de 20 años, este mexicano que estudiaba en Cleveland, Ohio, entró a los círculos sociales más importantes de los estadunidenses y después comenzó a manejar los capitales de empresas, mientras que en México obtuvo contratos por más de 3 mil 500 millones de pesos con Petróleos Mexicanos (Pemex).
Sin embargo, con el paso de los años comenzaron las denuncias por fraude, motivo por el cual el Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) inició una pesquisa en su contra.
Lo anterior, propició su huida a nuestro país, donde está ilocalizable, pero litiga el proceso de extradición iniciado en su contra, del cual tendrá la última palabra la Primera Sala de la Corte el próximo 26 de octubre.
El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentará un proyecto de sentencia donde por primera vez se analizará la constitucionalidad del proceso legislativo que dio origen al Tratado de Extradición entre los Estados Unidos y México el 4 de mayo de 1978, mismo que fue impugnado por el coahuilense.
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Hasta el momento, el ministro no ha hecho público el proyecto, pero se prevé que se le niegue el amparo. Una vez discutido el tema, el asunto será devuelto al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal quien resolverá sobre el fondo del juicio de amparo.
La orden de detención provisional con fines de extradición fue emitida el 30 de abril de 2018 por un juez de control de la Ciudad de México, a petición del Departamento de Justicia de Estaos Unidos.
Según los norteamericanos, desde mayo de 2008 a septiembre de 2013, Fernando Villarreal defraudó a inversionistas al promover falsas oportunidades de inversión en la forma de participaciones de sociedad colectiva a través de varias empresas.
Asimismo, “indujo” a las víctimas a invertir dinero al hacer tergiversaciones materiales sobre la forma en que se pretendía utilizar los fondos de los inversionistas. Indicó falsamente a los inversionistas, que ellos estaban obteniendo rendimientos positivos por sus inversiones; proporcionó información falsa a empresas de auditoría y causó que las empresas de auditoría presentaran falsas declaraciones de impuestos.
De igual manera, obtuvo fraudulentamente un total nueve millones de dólares de los inversionistas e ilícitamente utilizó los fondos de los inversionistas para realizar operaciones de entrada en el mercado de valores y para financiar su lujoso estilo de vida.
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Las investigaciones mencionan que se ha desempeñado en negocios de creación de fondos de inversión para atraer inversionistas con falsas oportunidades de inversión desde 2005 aproximadamente, a través de WW Capital y SAM Fund.
También, promocionó sus fondos de inversión como fondos creados con el supuesto fin de invertir en las industrias de acero y gas en México, a fin de generar rendimientos para los inversionistas.
Se presentó así mismo ante los americanos como alguien con conexiones en los altos niveles de la estructura empresarial de México y con un vasto conocimiento sobre el ambiente empresarial de nuestro país, entre otros probables delitos.
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