Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo suya la petición de facultad de atracción del juicio de amparo que promovió el empresario Fernando Vargas Torres, quien reclamó que no se le reconoció el carácter de víctima en un proceso que se inició contra un agente de la Fiscalía General de la República (FGR) y su hermano Felipe Vargas.
El empresario permanece desaparecido desde hace seis meses, tras haber sido levantado en el estado de Aguascalientes. Su familia ha señalado que hay elementos para presumir que se trata de una desaparición forzada.
Ante la falta de legitimación de su abogada María Isidra Cuevas Pedroza para solicitar a la Corte la atracción del amparo, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo suya la petición y solicitó a un tribunal colegiado que remitiera el expediente del asunto.
El ministro someterá a consideración de sus homólogos de la Primera Sala de la Corte que se atraiga el caso.
En caso de que los ministros ejerzan dicha facultad, se podrá resolver si los particulares pueden ser considerados víctimas del delito de cohecho, ilícito que está tipificado en el artículo 222 del Código Penal Federal.
El argumento que dio el quejoso, antes de ser levantado, fue que, en casos de corrupción, los particulares también pueden ser afectados tanto en su persona, derechos y pérdidas financieras.
MILENIO publicó en mayo de este año que un tribunal federa lnegó un amparo al empresario Felipe Vargas, quien buscaba echar abajo el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, tras ser imputado por la FGR de comprar boletos de avión y pagar viáticos a un agente de la institución.
De acuerdo con funcionarios de la FGR, Felipe Vargas es propietario de la constructora FEVAT, y guarda una relación de amistad con el ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, quien renunció al cargo en junio de 2019.
Mencionaron que hay señalamientos en el sentido de que Felipe Vargas solicitó el apoyo del entonces subprocurador, a raíz de un pleito familiar, iniciándose así en la entonces Procuraduría General de la República una carpeta de investigación por el presunto delito de lavado de dinero contra Fernando Vargas.
Para acelerar la diligencia contra su hermano Felipe Vargas compró boletos de avión y pagó los viáticos del agente del MPF para trasladarse a Aguascalientes en noviembre y diciembre de 2017.
Durante la audiencia de vinculación ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Preventivo Sur, la defensa de Fernando solicitó el carácter de víctima y refirió que en 2019 ya había sido víctima de un secuestro. No obstante, no se le otorgaron medidas cautelares.
El juez de control solo impuso medidas cautelares a los imputados Felipe Vargas y a Arturo Reyes para que solo se presenten periódicamente a firmar.
En agosto, en entrevista con MILENIO, Samantha Saldaña Díaz, esposa de Fernando dijo que no había recibido algún tipo de comunicación de quienes se lo llevaron, pero detectaron movimientos de los inmuebles de la empresa Edificaciones Vator S.A. de C.V., de la cual era el administrador único, “que evidentemente él no pudo hacer sin coacción”.
bgpa