La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo nueve amparos que definirán si las dependencias estatales y federales pueden tener el carácter de víctima en juicios donde no han conseguido que se repare el daño cometido por ex colaboradores del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, y por funcionarios señalados en un desvío de más de 5 mil millones de pesos en la administración de Enrique Peña Nieto.
Los ex servidores públicos han sido investigados y otros procesados por delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y delitos electorales.
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Uno de los amparos atraídos recientemente por la Corte lo promovió la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Chihuahua, por el fallo a favor del ex secretario de Finanzas del PRI en la entidad, Pedro Mauli Romero Chávez, a quien el 4 de mayo de 2018 se le dictó una pena de tres años cuatro meses de prisión por delitos electorales, tras recibir 78 millones de pesos de manera ilegal para beneficiar a su partido. Sin embargo, no se le condenó al pago de la reparación del daño.
Otros litigios tienen que ver con el carpetazo de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), que determinó que no había elementos para indagar alex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez, luego de que un juez de Distrito resolvió que una denuncia por peculado debía ser investigada a nivel federal.
Hace unos días, la Corte también atrajo un amparo de la Secretaría de la Función Pública por el caso de Héctor Salvador Salgado Castro, ex subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Exploración y Producción (PEP), quien fue separado del cargo en enero de 2019, por orden presidencial y en junio del mismo año fue denunciado por un presunto enriquecimiento ilícito por 8 millones 553 mil 948 pesos.
Los amparos en revisión fueron turnados a los ministros Norma Lucía Piña Hernández y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quienes elaborarán proyectos de sentencia que serán sometidos a votación de la Primera Sala de la Corte. El fallo que dicten los ministros, en cualquier sentido, sentará un precedente.
En el caso de Mauli Romero, quien enfrenta su sentencia en libertad, tras el pago de una fianza, un Tribunal Colegiado señaló que este asunto cumple con los requisitos de importancia y trascendencia para que la Corte lo resuelva y determine si la Secretaría de Hacienda estatal tiene el carácter de garante del patrimonio del estado de Chihuahua.
En mayo de 2018, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al Reclusorio Norte consideró que la Secretaría de Hacienda no podía intervenir en la causa penal 24/2018.
Un magistrado de apelación consideró que la Secretaría de Hacienda estatal debía ser llamada a juicio ya que se advierte que las cuentas bancarias de las cuales se obtuvo el numerario materia de recepción del imputado, son pertenecientes a esa dependencia.
“Por tanto, de concluirse que la secretaría estatal tiene el carácter de víctima u ofendido, implicaría realizar un análisis de las formalidades esenciales del procedimiento en dicha forma de terminación anticipada del proceso penal acusatorio…está condicionada a que la víctima u ofendido no presente oposición fundada. De ahí que, lo anterior se considera como otra razón de peso para que la superioridad atraiga el presente asunto”, detalla la petición atraída por la Corte.
Por lo que hace a Héctor Salvador Salgado Castro, la SFP detectó que realizó operaciones consistentes en depósitos y pagos a tarjetas de crédito, cuyo origen se desconoce para los ejercicios de 2013 al 2019, que suman un total de 8 millones 553 mil 948 pesos.
irh