La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el estudio de la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), donde dos de los once ministros se pronunciaron en contra del proyecto que propone invalidar dicho traspaso.
El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea criticó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, y defendió la actuación del Ejército en tareas de seguridad pública.
El proyecto de Alcántara Carrancá se centra en el artículo 21 de la Constitución Federal, que establece que la GN es una corporación civil bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Con primer punto, se analizó el “parámetro de constitucionalidad” , es decir, los argumentos jurídicos e históricos que conforman el proyecto. Éste, fue avalado con nueve votos. Los únicos votos en contra fueron los de la ministra Yasmín Esquivel Mossa y Arturo Zaldívar.
Durante el análisis de este “parámetro constitucional”, el ministro Lelo de Larrea aprovechó para exhibir a las pasadas administraciones por su “fallida” estrategia de seguridad, la cual en su momento estuvo encabezada por Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública Federal, del que dijo hoy está en la cárcel.
“…aquellas instituciones policiales exentas de controles disciplinarios propios del ámbito militar han probado ser mucho menos efectivas como lo demuestra la fallida estrategia de seguridad que prevaleció en nuestro país durante las últimas décadas y que favoreció la infiltración del crimen organizado entre sus filas e incluso al nivel del mando más alto”, expresó.
Arturo Zaldívar aseguró que ni la participación de personal militar ni la adopción de un régimen de disciplina militar implica que la institución deje de tener naturaleza civil.
“El parámetro de regularidad que nos propone el proyecto, queda la impresión de que el mayor problema y la causa de inseguridad en nuestro país es la intervención de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad. No coincido con esta lectura, pues pierde de vista que el origen de la Guardia Nacional se encuentra en realidad en el enorme desafío en materia de seguridad pública que enfrenta el Estado mexicano…
“…al grado que quien formó parte del CISEN y posteriormente dirigió la Coordinación de Inteligencia para la prevención de la recién formada Policía Federal Preventiva, la Agencia Federal de Investigación de la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, a lo largo de tres sexenios presidenciales, acaba de ser condenado (Genaro García Luna) con cinco cargos relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos…”, añadió.
Ya en el estudio de fondo, la ministra Yasmín Esquivel también se pronunció en contra del proyecto. Indicó que utilizar toda la fuerza disponible del Estado para brindar seguridad a la población, “no es militarizar el poder público ni tampoco militarizar el país, sino poner al servicio de la sociedad todas las capacidades de respuesta en contra del crimen organizado que cada día adquiere formas más sofisticadas en sus conductas, y por otro lado el Estado mexicano debe aprovechar sus fortalezas, su infraestructura operativa y logística, administrativa y de adiestramiento”, apuntó.