La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comenzó el análisis de la disputa de la presa La Boquilla.
En 2020, el gobierno federal anunció el desfogue de esta presa, ubicada en Chihuahua, a fin de llevar agua a Estados Unidos por el río Bravo para cumplir la cuota pendiente de pagar como parte de un convenio que data de 1944.
Está determinación de la Comisión Nacional del Agua originó que un grupo de agricultores de diversos municipios tomaran las instalaciones de la presa, lo cual derivó en un enfrentamiento posterior con elementos de la Guardia Nacional.
Esta decisión del desfogue de la presa La Boquilla también fue combatida vía legal y llegó hasta el máximo tribunal del país con 18 controversias constitucionales interpuestas por municipios de Chihuahua, el cual comenzó este jueves la discusión de los asuntos.
El ministro encargado de elaborar el proyecto fue Javier Laynez Potisek, quien propuso a sus compañeros del Pleno avalar la decisión del gobierno federal de entregar a Estados Unidos parte del agua de la presa La Boquilla, en cumplimiento del tratado bilateral vigente desde 1944.
En su proyecto, el ministro del máximo tribunal del país también propuso declarar legítima la actuación de la Guardia Nacional durante el enfrentamiento con agricultores.
El proyecto presentado también determina que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no emitir la Ley General de Aguas, como ordena el decreto presidencial publicado el 8 de febrero de 2012.
El primer juicio analizado este jueves por la SCJN es el promovido por el municipio de Cusihuiriachi. En este caso, los ministros consideraron que no presentó elementos suficientes como para impugnar la actuación de la Guardia Nacional en los hechos, por lo cual se propuso desestimar este punto.
El ministro Laynez también propuso sobreseer el tema de la petición del municipio para que se reglamente la Ley de Aguas Nacionales, ya que este asunto es un tema de legalidad y no de constitucionalidad.
El único punto en donde se da la razón al municipio quejoso es sobre la omisión del Congreso de la Unión para expedir la Ley General de Aguas, sobre lo que se propone ordenar a la Cámara de Diputados y al Senado que aprueben esta norma en su próximo periodo de sesiones, es decir, este mismo año.
La discusión de este asunto continuará hasta la próxima semana.
DMZ