La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Grupo Evya, empresa que recibió contratos por más de 10 mil 901 millones de pesos de Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin como director general de la entonces paraestatal.
Dicha empresa buscaba ampararse para acceder a un segundo concurso mercantil, lo cual fue negado este miércoles por la primera sala del máximo tribunal del país durante su sesión pública.
El proyecto de sentencia fue elaborado por la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en el cual se concluyó que no procede la apertura de un segundo concurso mercantil sobre una misma empresa.
Grupo Evya, que rentaba buques y plataformas marítimas a Pemex, ya tenía un primer concurso mercantil promovido a finales de 2018; sin embargo, un año después solicitó otro, el cual le fue negado en una primera instancia judicial, decisión que impugnó hasta llegar al máximo tribunal del país.
Con dicho amparo, la empresa fundada por los hermanos Luis, Roberto y Francisco Camargo Salinas, este último consejero del PAN en Campeche, también buscaba seguir cobrando algunos contratos de Petróleos Mexicanos con el argumento de que era la única manera de rescatar a la compañía de la quiebra.
"Lo cual (posible quiebra) tiene consecuencias severas al prohibir que reciban los pagos a que tienen derecho con motivo de los servicios prestados, lo que a la postre las obliga a incumplir generalizadamente con sus obligaciones de pago, pues colocan a la comerciante demandada en situación de iliquidez, de ahí la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados", expuso en su demanda.
En 2014, Grupo Evya fue denunciado por defraudar a Banamex por más de 30 millones de dólares, mediante un esquema de falsificación de contratos con Pemex usados como garantía para obtener créditos, similar al utilizado por Oceanografía, otra de las contratistas de la paraestatal.
La compañía cambió de dueños y de nombre por el de Avalon Marine; sin embargo, en 2016 se declaró en incumplimiento de pagos por más de 3 mil 500 millones de pesos, lo que llevó al concurso mercantil y su intervención judicial, que incluye el nombramiento de un administrador que intenta renegociar su deuda.
En el proyecto de sentencia, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena resolvió que las funciones del administrador judicial son constitucionales, incluido lo cobros de los contratos que tenga pendientes la firma, acciones que “no constituyen actos privativos que impidan la conciliación mediante convenio judicial, pues ello es, justamente, la finalidad que se busca con el concurso mercantil.”
DMZ