La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer el recurso de revisión que interpuso la Secretaría de Educación Pública (SEP) contra el amparo concedido a la Unión Nacional de Padres de Familia (UNFP), sentencia que ordenó frenar la distribución de los libros de texto gratuito para el ciclo escolar 2023-2024.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa propuso atraer el recurso, debido al interés y trascendencia del caso, pero la ministra Lenia Batres Guadarrama y los ministros Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán no apoyaron la propuesta.
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Conceden protección a la UNFP
Ahora, el caso regresará al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa para que resuelva.
En agosto de 2023, Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió la protección de la justicia a la UNFP.
El fallo ordenó que las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno establecieran una estrategia para la implementación de los programas y libros aprobados para el ciclo escolar 2022-2023, es decir, del periodo pasado.
En su resolución, mencionó que las autoridades vulneraron el derecho a la educación e interés superior de la niñez, porque no existe certeza de que la educación impartida a los niños, niñas y adolescentes sea acorde con los principios y fines constitucionales y legales.
La juzgadora señaló que las autoridades educativas ordenaron imprimir los libros y posteriormente aprobarlos, sin existir una discusión sobre el tema para su aprobación y después impresión.
el dato¿Qué son los libros de texto?
"El libro de texto gratuito es uno de los pilares de la política educativa del Estado Mexicano, su carácter único asegura que todos los estudiantes del país aprendan a leer y escribir, a dimensionar y cuantificar las cosas del mundo, con métodos y enfoques pedagógicos al día", señala el gobierno de México.
¿Quiénes acataron el fallo de la Corte?
“De esta forma, las actividades desplegadas por las autoridades educativas conllevarán a que los planes y programas de estudio no se materialicen y se observen los objetivos constitucionales en materia educativa en perjuicio de los educandos; aunado a que deja en inseguridad jurídica a sus destinatarios, pues no se tiene certeza de que la educación impartida a los niños, niñas y adolescentes sea acorde con los principios y fines constitucionales y legales”, apuntó.
Las autoridades que fueron obligadas a acatar el fallo son: el subsecretario de Educación Básica, el director general de Materiales Educativos, así como la directora general de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg).
RM