La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) la destitución e inmediata consignación ante un juez de Distrito, de Víctor Manuel Munguía Baltazar y Celia Almaguer Hernández, agentes del Ministerio Público Federal de la Unidad Especializada de Análisis Financiero, por desacato a una sentencia de amparo.
Ambos servidores públicos desobedecieron la resolución que estableció que debían practicar una diligencia para cotejar joyas y diamantes con facturas y pedimentos de importación que presentó la defensa del presunto contrabandista turco Apel Celik, quien demandó su devolución. No obstante, los agentes mencionaron que esto era imposible.
Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte también decretó la destitución de los fiscales, en caso de continuar en el cargo.
La joyería fina, explicó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estaba valuada en 235 millones 758 mil 631 pesos.
El asunto está relacionado con el aseguramiento de 4 mil 569 joyas y diamantes propiedad del presunto contrabandista Apel Celik, en diciembre de 2014, las cuales fueron localizadas en diversos centros joyeros del estado de Quintana Roo.
Alcántara Carrancá, ministro ponente, detalló que derivado de varias visitas, a raíz de una denuncia anónima, se decretó el embargo precautorio de mercancía de procedencia extranjera, porque no se acreditó su legal importación.
La autoridad administrativa entregó los bienes a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y ésta decretó el aseguramiento de dichas mercancías.
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Por su parte, los indiciados se ostentaron como apoderados o dueños de las empresas y exhibieron documentos con la finalidad de acreditar la propiedad de las mercancías y solicitaron al Ministerio Público acceso a la indagatoria y el desahogo de diversas probanzas el 8 de diciembre de 2017.
La autoridad dio respuesta a la solicitud, reconociéndoles el carácter de iniciados y fijó una fecha para brindarles acceso a la indagatoria, sin embargo, se negó a levantar el aseguramiento de los objetos; además, rechazó proporcionarles información sobre la situación jurídica de los bienes, todo ello bajo la premisa de que los indiciados no habían acreditado su interés jurídico, ni la propiedad legal de los bienes asegurados.
En esa misma fecha el MPF emitió acuerdo de desglose y extracción de constancias ministeriales para continuar las investigaciones sobre diversos ilícitos como los relativos a operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando equiparado en la indagatoria.
El 14 de octubre de 2019, se emitió un acuerdo ministerial de declaratoria de abandono de los bienes a favor del gobierno federal.
“… de la lectura del acuerdo ministerial se advierten algunas irregularidades que hacen cuestionable su emisión, incluso en la fecha en que se indica, de autos también se advierte con posterioridad a la información referida existieron actuaciones de entrega de los bienes que no fueron hechas del conocimiento del juzgado federal; la primera de ellas se realizó el 20 de noviembre… esto desde mi punto de vista denota el ánimo de la autoridad de ocultar datos relevantes que trascendieron a la ejecución de la sentencia”, declaró el ministro.
Ante el incumplimiento, el juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal ordenó la remisión del asunto a un Tribunal Colegiado, el cual determinó la inexcusabilidad de la imposibilidad jurídica y la existencia de la inejecución de sentencia y por lo tanto envió el caso a la Corte.
La ministra Loretta Ortiz Ahfl se opuso a la propuesta de Alcántara Carrancá, mientras que su homólogo Arturo Zaldívar Lelo de Larrea apoyó la propuesta de destituir y consignar a Víctor Manuel, pero no a Celia Almaguer Hernández.
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