La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentó el Manual sobre Desplazamiento Interno, cuyo propósito es que los juzgadores apliquen criterios con estándares internacionales relacionados sobre los derechos que tienen las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida.
El manual fue elaborado por la coordinación académica del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), con la participación de especialistas en la materia.
Esta herramienta permitirá que los juzgadores, que examinen casos relacionados con desplazamiento interno y comunidades de acogida, puedan aplicar estándares internacionales sobre los derechos de esta población, así como las obligaciones sobre medidas de prevención, asistencia humanitaria, protección, soluciones duraderas y reparación integral del daño.
De acuerdo con la ACNUR, a finales de 2021, 53 millones de personas se desplazaron internamente debido a conflictos armados y violencia.
Por su parte, el Observatorio de Desplazamiento Interno calcula que hasta 2021 en México había 379 mil personas desplazadas internas por situaciones de violencia, así como 23 personas en situación de desplazamiento por desastres.
“El desplazamiento interno puede generar múltiples impactos y violaciones a los derechos de las personas afectadas. Las y los impartidores de justicia juegan un papel muy importante para asegurar que las personas desplazadas internas y las comunidades en riesgo de desplazamiento accedan a mecanismos que garanticen la protección y restitución de sus derechos. Ejemplo de ello son los casos de Colombia y El Salvador que, mediante sentencias de sus cortes constitucionales, lograron el desarrollo de leyes y políticas públicas especializadas en la materia”, declaró Josep Herreros, Representante Asistente para Protección de ACNUR en México.
En 2019, el gobierno de México reconoció por primera vez la ocurrencia del desplazamiento forzado interno a nivel nacional. A esto se suma que los estados de Guerrero, Chiapas y Sinaloa han elaborado leyes estatales en la materia y que en Sinaloa, Sonora y Guerrero se ha tipificado el desplazamiento arbitrario como delito.
Las barreras de acceso a la justicia que enfrentan las personas desplazadas internas, como la falta de información, de documentación y de asesoría jurídica, han provocado que sean muy pocos los casos que se han judicializado en el país.
Los pocos casos existentes demuestran que el desplazamiento interno sigue siendo una temática poco explorada y que no siempre se cuenta con el conocimiento adecuado para garantizar los derechos de esta población.
Miguel Ramírez, jefe de operaciones del CICR en México, dijo que cuando las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos armados u otras situaciones de violencia se enfrentan a vulneraciones a sus derechos como, la falta de acceso a servicios básicos y alimentos, separaciones familiares, la carencia de un hogar seguro o dificultades para trabajar y acceder a la educación, las personas desplazadas no han cruzado una frontera internacional y, por lo tanto, el propio Estado tiene la obligación de protegerlas. “Ahí juega un rol importante el poder judicial”, expresó.