Luego de dos años de aplazarse la discusión, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea presentará esta semana un proyecto de sentencia donde propone negar un amparo al narcotraficante Rafael Caro Quintero, quien pretende no ser entregado a Estados Unidos.
En abril del presente año, el FBI ofreció la recompensa más alta por un delincuente mexicano, un precio de 20 millones de dólares por la cabeza de Caro Quintero, responsable del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, crimen cometido en Guadalajara en 1985.
Caro Quintero es buscado en nuestro país para que termine de cumplir su sentencia de 40 años de prisión por el asesinato del agente y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.
En enero de 2015, el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, dejó sin efecto el amparo otorgado a Rafael Caro el 9 de agosto de 2013, resolución que le permitió recuperar su libertad tras permanecer 28 años de prisión.
Sin embargo, el Segundo Tribunal mencionó que a Caro Quintero le faltaban 11 años y siete meses de prisión, mientras que a Fonseca Carrillo 10 años y dos meses.
La decisión del Colegiado derivó en acato a la resolución dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 6 de noviembre de 2013, quien encontró inconsistencias en el amparo concedido al narcotraficante.
El próximo 14 de noviembre, el ministro Zaldívar Lelo de Larrea presentará a sus homólogos de la Primera Sala de la Corte su proyecto de sentencia para que sea analizado; en al menos en dos ocasiones, el tema ha quedado en lista, es decir, no se ha discutido.
Zaldívar propondrá a sus homólogos de la Primera Sala confirmar la resolución dictada por un juez federal de primera instancia, quien sostuvo que los artículos 2, 17, 18 y 22 de la Ley de Extradición, así como los artículos 10, 11 y 19 del Tratado de Extradición entre México y EU, no son inconstitucionales.
En caso de que la Sala avale el proyecto, el asunto regresará a un tribunal colegiado que se encargará de los restantes agravios de legalidad que hizo valer el capo, entre ellos, la pruebas que se presentaron en su contra, declaraciones de testigos, por mencionar algunos; posteriormente, el tribunal resolverá si Rafael Caro debe ser entregado a los estadunidenses.
Caro Quintero interpuso recursos para exigir que el ministro Zaldívar no se hiciera cargo del caso; sin embargo, estos fueron declarados infundados.
Asimismo, alegó que la solicitud de extradición de los norteamericanos es ilegal porque es contraria al artículo 23 constitucional y al artículo 14.7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El capo argumentó que no es posible conceder a una persona a extradición cuando ya fue sometida a proceso o ha sido juzgada y condenada o absuelta por el país requerido, por el mismo delito por el cual se solicita la extradición.
También alegó que de las constancias de autos se desprende que él ya fue procesado y absuelto por un tribunal competente, por lo que no puede volver a cumplir otra pena por esos mismos hechos.