La ministra Lenia Batres Guadarrama advirtió que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelve la denuncia de contradicción de criterios en materia electoral relacionada con la sobrerepresentación, estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país.
Lo anterior, porque la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, admitió a trámite un recurso del líder nacional del PAN, Marko Cortés, para que se pronuncie sobre los criterios para la asignación de diputaciones y de senadurías por la vía plurinominal, asunto que fue turnado para su estudio al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
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“Este fin de semana, la ministra Norma Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió una denuncia de contradicción de criterios en materia electoral respecto de la asignación de curules en el Congreso de la Unión.
“Sin pronunciarme en este momento sobre el fondo del asunto, me permito advertir que, de resolver sobre este procedimiento legal, la SCJN estaría excediendo sus facultades y poniendo en riesgo la estabilidad constitucional del país”, señaló.
A través de una tarjeta informativa difundida en los primeros minutos de este martes, la ministra Batres Guadarrama dijo que la Corte busca resolver una supuesta contradicción de criterios con relación a la aplicación de normas electorales vigentes en el estado de Quintana Roo en 1998 y normas electorales vigentes a nivel nacional en 2018 y 2023.
“Se busca que la SCJN se anticipe a la resolución que corresponde emitir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto del actual proceso electoral.
“De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la SCJN no tiene competencia en materia electoral. Asimismo, la contradicción de criterios no es una vía para afectar situaciones jurídicas concretas, como el reparto específico de curules en una elección. Menos aún, cuando se ha consumado el proceso electoral y las reglas del juego no se modificaron desde 2008”, apuntó.
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Indicó que la SCJN no debió haber admitido la denuncia de contradicción de criterios sobre este tema, sino pronunciarse por el respeto de la facultad del TEPJF para calificar la elección sin presión alguna.
“Por lo anterior, me permito conminar a la prudencia y a la actuación responsable a las y los integrantes de la SCJN.
“Nuestro país merece que sus instituciones respondan al mandato constitucional y actúen a la altura de la voluntad popular expresada en las urnas, con la que se construye el Estado constitucional democrático de derecho en México”, subrayó.
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