Corte agenda para agosto discusión sobre desafuero y orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca

La discusión de ambos temas se dejó en lista en dos ocasiones en junio pasado.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas.
Rubén Mosso
Ciudad de México /

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó para el próximo 17 de agosto la discusión de las controversias constitucionales interpuestas por el Congreso del Estado de Tamaulipas que impugnan el desafuero y la orden de aprehensión contra el mandatario de la citada entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

La discusión de ambos temas se dejó en lista en dos ocasiones en junio pasado. Los proyectos del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá proponen declarar fundadas las controversias e invalidar la orden de aprehensión porque Cabeza de Vaca goza de fuero constitucional.

Hace unos meses, el Congreso de Tamaulipas se negó a homologar la decisión de la Cámara de Diputados, erigida en Jurado de Procedencia, la cual acordó retirar la inmunidad al gobernador.

Por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra el mandatario estatal por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual fue otorgada por Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Sin embargo, el gobernador obtuvo un amparo en noviembre de 2021, sentencia que impide que se ejecute su detención. El juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, indicó en su fallo que se violaron los derechos del gobernador porque están en curso controversias constitucionales que la Corte debe resolver sobre su inmunidad.

Asimismo, dejó claro que su sentencia “no implica que se favorezca la impunidad al gobernador estatal a quien se le imputa la probable comisión de delitos del orden federal”, pues lo que determinó en su momento la Legislatura de Tamaulipas se limita a que, por el momento, hasta que concluya su mandato, conserva “la protección o inmunidad procesal penal”, razón por la cual decidió no poner a disposición de las autoridades federales al titular del Ejecutivo local.

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