La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la sentencia que rechazó amparar al empresario Miguel Alemán Velasco, quien impugnó la decisión de la Quinta Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) por no darle entrada a un juicio que promovió contra actos de fiscalización.
Por unanimidad, los ministros desecharon el amparo directo en revisión, con lo que quedó confirmada la resolución del Décimo Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
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El empresario pretendía que se le aplicará el beneficio fiscal del decreto de facilidades administrativas en Impuesto Sobre la Renta (ISR) para que le fuera aplicado una tasa del 8 por ciento.
El mencionado decreto de facilidades administrativas permite retornar inversión de mexicanos que han hecho dinero en el extranjero.
Antecedentes del empresario
De acuerdo con registros judiciales, el 19 de agosto de 2021, el empresario demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 500-05-04-2021-2169 de 16 de junio de 2021, emitida por el Administrador de Fiscalización Estratégica “3” de la Administración Central de Fiscalización Estratégicas de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, el “Decreto que otorga diversas facilidades administrativas en materia del Impuesto sobre la Renta a depósitos o inversiones que se reciban en México”, así como el “Decreto por el que se modifica diverso que otorga diversas facilidades administrativas en materia de ISR, relativas a depósitos o inversiones que se reciban en México”.
Sin embargo, el 14 de septiembre de 2021, el magistrado instructor de la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la desechó, por considerar que no se trataba de una resolución impugnable ante dicho tribunal.
Lo anterior, lo llevó a promover un amparo directo que quedó radicado en el mencionado Tribunal Colegiado, el cual rechazó ampararlo.
En sus alegatos, el quejoso dijo que la resolución de la Sala Regional afectó su interés jurídico, ya que se aplicaron los decretos de repatriación y modificatorio, mismos que son ilegales en cuanto a que generan inseguridad jurídica para los gobernados, al permitir que las autoridades fiscales puedan ejercer sus facultades de comprobación sin que se actualice una determinada hipótesis de infracción o situaciones que evidencien algún incumplimiento o insatisfacción del sentido imperativo de dichas normas.
No obstante, el Colegiado subrayó que la Sala precisó que el requerimiento de información y documentación formulado a la parte actora, no le causa una afectación jurídica, ni le causa un agravio en materia fiscal, puesto que en ningún momento se le está determinando una obligación con motivo del ejercicio de facultades de comprobación del fisco federal para verificar el cumplimiento de las normas tributarias.
RM