La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó resolver la indemnización millonaria que exige una decena de ex policías municipales de Iguala, Guerrero, tras ser absueltos por un juez por su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito solicitó al máximo tribunal del país el ejercicio de la facultad de atracción de este amparo en revisión.
Sin embargo, durante la sesión de la Primera Sala de la SCJN, los cinco ministros resolvieron por unanimidad que el asunto se devolviera al Tribunal Colegiado de origen.
De acuerdo con el amparo en revisión, los ex policías municipales detallaron que, a través de sus esposas, la quincena de noviembre de 2014 fue la última que cobraron, "quedando pendiente todos el mes de diciembre del 2014 a la fecha".
- Te recomendamos Congreso de Guerrero ofrece tribuna a padres de los 43 normalistas Estados
Los ex uniformados aseguraron que el ayuntamiento de Iguala retuvo el pago de sus salarios por instrucciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
"Giró un oficio para que se nos retuvieran dichos pagos, esto por encontrarnos internos bajo proceso sujetos a una investigación en un Centro Federal de Readaptación Social en Nayarit.
"Dicha acción es una grave violación a los derechos humanos de nuestras familias, toda vez que los deja en estado de indefensión, vulnerando las garantías humanas y sobre todo causando un menoscabo a los derechos humanos de nuestros menores hijos ,ya que no se puede estar a la espera de que se resuelva nuestra situación legal", relataron en la exposición de motivos.
Los ex policías municipales también revelaron que "en varias ocasiones" sus esposas y familiares directos le han solicitado al ayuntamiento de Iguala y a las áreas correspondientes "que se nos apoye con un mínimo pago para subsistir los gastos de nuestro hogar".
"No tenemos otra posibilidad económica para subsistir los gastos de alimentos, vestido, salud, educación y una vivienda para nuestras familias, es un hecho notorio que toda persona tiene derecho a la igualdad y al desarrollo de la familia", indican.
icc