La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo que interpuso la Secretaría de la Función Pública (SFP), la cual reclamó que la Fiscalía General de la República (FGR) no le reconoció el carácter de víctima en la investigación contra Héctor Salvador Salgado Castro, ex subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex Exploración y Producción (PEP).
El ex servidor público fue separado del cargo por orden presidencial en enero de 2019 y en junio del mismo año fue denunciado por la SFP por un presunto enriquecimiento ilícito por 8 millones 553 mil 948 pesos.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción, petición que fue admitida a trámite y turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Durante la sesión celebrada hoy, el ministro Pardo Rebolledo presentó un proyecto de sentencia donde propuso no ejercer la facultad de atracción, propuesta que fue avalada por tres ministros más. El único votó a favor de la atracción fue del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La dependencia que encabeza Irma Eréndira Sandoval interpuso un amparo reclamando el acuerdo ministerial del 29 de julio de 2019, emitido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la FGR, en la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000026/2019, que negó a la dependencia la calidad de víctima u ofendida.
Sin embargo, el juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal decidió no amparar a la dependencia y consideró acertada la decisión de la FGR de no reconocer a la quejosa el carácter de víctima u ofendida.
Lo anterior, porque señaló que es una persona moral oficial y la conducta denunciada derivó del cumplimiento de sus funciones que legalmente tiene encomendadas.
La Función Pública detectó que Héctor Salvador realizó operaciones consistentes en depósitos y pagos a tarjetas de crédito, cuyo origen se desconoce para los ejercicios de 2013 al 2019, que suman un total de 8 millones 553 mil 948 pesos.
Salgado Castro, así como de Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de PEP, y Luis Galván Arcos, gerente de operación y control financiero de Procesos Industriales y Logística, fueron separados por orden presidencial.
En septiembre pasado, un juez federal ordenó confirmar el no ejercicio de la acción penal contra Miguel Ángel Lozada Aguilar, señalado por un desvío de recursos por 82 millones de pesos.
bgpa