La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de revisión administrativa que interpuso el ex director del Instituto de la Judicatura Federal (IJF), Salvador Mondragón Reyes, quien fue destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) e inhabilitado para ejercer el servicio público por 10 años, tras el escándalo por la venta de exámenes para concursar por el puesto de jueces de Distrito en 2018.
Mondragón busca que la Corte revise la sanción que le fue impuesta y determine si fue legal o no.
La Corte también admitió los recursos de Verónica Patiño Olvera, así como de los secretarios de juzgados y tribunales, Martín Mayorquín Trejo, Paulo César Falcón Gómez, Roberto León Rodríguez, Patricia Guadalupe Lee Martínez, así como de Marga Xóchitl Cárdenas García, ex secretaria técnica del IJF.
Todos impugnaron la resolución de 5 de agosto de 2020, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el en el procedimiento administrativo 34/2018 y su acumulado 12/2009, en el que se le impuso una sanción administrativa consistente en la inhabilitación por diez años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
El magistrado Salvador Mondragón pidió suspender temporalmente su sanción y señaló:
“En ejercicio de mi derecho a que no se continúe afectando mi buen nombre y tomando en consideración que la resolución sancionatoria no ha causado definitividad y se encuentra recurrida, le pido, tenga a bien abstenerse de diligenciar la inscripción al Registro de Servidores Públicos Sancionados por lo que respecta a mi persona”.
Sin embargo, su petición fue rechazada por el ministro en funciones de presidente de la Corte, el decano José Fernando Franco González Salas.
El 14 de febrero de 2018, el CJF anuló el concurso para designación de juzgadores, donde se inscribieron 2 mil 602 concursantes, porque descubrió que se robaron parte de los exámenes y que estos fueron vendidos.
La suspensión de servidores públicos
Derivado de la investigación, el consejo suspendió temporalmente a tres servidores públicos que presuntamente obtuvieron, filtraron y vendieron parte de los exámenes del Vigésimo Octavo Concurso Interno de Oposición para la Designación de Jueces de Distrito; mientras que el director del Instituto de la Judicatura Federal, Salvador Mondragón Reyes, presentó su renuncia.
Posteriormente, la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, emplazó a procedimiento disciplinario a 10 servidores públicos.
En un informe entregado por el director del Instituto de la Judicatura Federal se dio cuenta de la obtención ilegal de algunos de los reactivos aplicados.
De acuerdo con algunos funcionarios judiciales, los reactivos, hojas de algunos exámenes, fueron sustraídos durante la primera etapa escrita del concurso; el descubrimiento se realizó al término de la segunda etapa, cuando los sustentantes realizaron un estudio del caso que se le pide analizar.
Debido que lo anterior habría comprometido la transparencia y confiabilidad del mencionado concurso, el consejo inició una investigación cuyos resultados preliminares le llevaron a tomar dicha determinación.
bgpa