Los aumentos que avaló la Comisión Reguladora de Energía (CRE) por el servicio que deben pagar las plantas de generación privada a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por transmisión de energía eléctrica, prevalecerán porque un juez federal rechazó frenar los costos impuestos por este servicio.
Juan Pablo Gómez Fierro, titular del juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, mencionó que los aumentos tienen una serie de finalidades y objetivos regulatorios que pueden verse “truncados” en caso de que se concediera la suspensión provisional.
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Indicó que con dichos cargos se busca garantizar que el servicio público de transmisión se preste en buenas condiciones, así como fomentar la competencia en el sector de la industria eléctrica.
“Ciertamente, aun cuando la ejecución de los actos reclamados pudiera generar un impacto patrimonial a la parte quejosa, debe advertirse que esta afectación podría ser reparada con la concesión del amparo, mientras que la lesión que sufriría la sociedad con la paralización de la regulación determinada y publicada mediante los actos cuestionados no podría repararse ni siquiera con el otorgamiento de una garantía, ya que ello provocaría que el servicio público de transmisión se tenga prestar en términos menos eficientes, que es uno de los objetivos de los costos impugnados, con las consecuencias lesivas que ello implicaría para la industria y el mercado eléctrico mayorista”, detalla una de sus resoluciones.
El juzgador enfatizó que otorgar una suspensión provisional afectaría el interés social y el orden público, ya que la expedición de la resolución RES/893/2020 se encuentra asociada directamente con el eficiente desarrollo del sector eléctrico.
Además, de que el otorgamiento de la medida cautelar tendría como consecuencia que la quejosa pague un monto por concepto del servicio público de transmisión de energía eléctrica distinto del que deben cubrir los demás particulares que se encuentran en la misma situación que ella, afectándose así, la libre concurrencia y competencia en el sector.
Los aumentos avalados por la CRE oscilan entre 407 y 775 por ciento en las tarifas de transmisión que plantas de generación privadas deben pagar.
Por su parte, Rodrigo de la Peza, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, rechazó dar entrada a diversos amparos interpuestos contra la resolución de la CRE bajo el argumento de que no son “urgentes”.
Entre las empresas que no obtuvieron la suspensión provisional por parte del juez Gómez Fierro destacan Cogeneración de Altamira, Cogeneración de Energía Limpia de Cosoleacaque y Central LFGE Tijuana, entre otras
En mayo, el director de la CFE, Manuel Bartlett, mencionó que se buscaría que los reguladores elevaran tarifas de transmisión para las compañías privadas. Asimismo dijo que era urgente que la CRE interviniera para modificar estos esquemas y que los privados pagarán “lo justo” para no seguir subsidiando parte de su negocio, que deja a la empresa pérdidas de 3 mil millones de pesos al año.