Un juez de control dictó prisión preventiva justificada a Jonathan N y Carlos N por los delitos de lesiones, sedición y ultrajes a la autoridad, tras su detención en la marcha del 8 de marzo en la ciudad de Pachuca.
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Ambos detenidos fueron presentados este martes ante un juez de control en audiencia inicial en donde se acogieron a la duplicidad del término constitucional por lo que el juez resolverá su situación legal el viernes 14 de marzo.
Aunque se apegaron a la duplicidad del término constitucional el juez dictó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por lo que los dos quedaron privados de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca.
La medida obedeció a que los imputados no tenían un domicilio comprobable ya que no coincidía la dirección de su identificación oficial con la que proporcionaron y tampoco avalaron un trabajo estable además de que también se tomó en cuenta la pena máxima de los delitos de lesiones, sedición y ultrajes a la autoridad por los que se les señala.
Uno de los detenidos habría intentado incendiar las vallas del Palacio de Gobierno
Uno de ellos es señalado como el que presuntamente roció gasolina a las vallas colocadas en Palacio de Gobierno. Esa escena se dio a conocer el lunes en un video por el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, quien mencionó que la intención era incendiar las vallas y prenderles fuego a las policías estatales que se encontraban detrás de la barrera.
Tras la marcha feminista del 8 de marzo, el Gabinete de Seguridad Estatal informó que se detuvo a dos hombres en la ciudad de Pachuca y uno más al día siguiente, que 20 mujeres policías resultaron lesionadas, se registraron daños en 15 puntos entre inmuebles, monumentos y estaciones del Tuzobús y se tuvo saldo blanco en las 32 marchas de toda la entidad.
El tercer hombre detenido el 9 de marzo por la noche en Plaza Juárez, quien realizó pintas en la fachada del Palacio de Gobierno, aún no es presentado en audiencia inicial ante un juez de control.
¿Cuántos años de prisión podrían enfrentar los detenidos?
El Código Penal para el Estado de Hidalgo sanciona el delito de lesiones de tres meses hasta diez años de prisión. Cometen el delito de sedición los que, reunidos tumultuariamente, pero sin armas, resisten a la autoridad o la atacan para impedir el libre ejercicio de sus funciones, el cual se sanciona con hasta de dos años de cárcel.
En tanto, al que de palabra o de obra ultraje a una autoridad en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas se le impondrá prisión de tres meses a un año y de cinco a 25 días multa.