En una de seis causas penales abiertas contra Nestora Salgado García como presunta responsable del delito de secuestro agravado, solo un menor de edad hizo referencia directa contra La Comandanta, a quien escuchó decir que lo llevaban detenido a la comunidad de Olinalá, Guerrero, porque él y otras personas “eran matones”.
MILENIO tuvo acceso a la causa penal 196/2013 que se inició en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos; el expediente está conformado por testimonios de 43 personas que denunciaron amenazas, golpes, trabajos forzados y haber sido sometidos a condiciones inhumanas por parte de la Policía Comunitaria, y que para ser liberados se les demandó un pago.
Los indígenas identificaron a varios policías como responsables de abusos; sin embargo, no acusaron directamente a Nestora, de quien solo saben que era la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá.
Algunos declararon que durante su encierro en la Casa de Justicia El Paraíso, en Ayutla de Los Libres, coincidieron con Dulce Rubí “N”.
Rubí es la joven que culpó a Nestora, en una conferencia de prensa organizada por la activista Isabel Miranda de Wallace, de secuestrarla por tres meses.
El candidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, hizo alusión al caso de Rubí durante el segundo debate, donde aseguró que había señalamientos en el sentido de que La Comandanta, candidata de Morena al Senado, exigió 5 mil pesos a la familia de Rubí para liberarla.
En la citada causa penal, en marzo de 2016, la juez María Celia Fernández Suárez dictó auto de formal libertad a favor de Nestora por falta de elementos. El fallo fue apelado y aún no se resuelve en definitiva.
En la sentencia, la juzgadora hizo referencia a jurisprudencias y tratados internacionales, así como al protocolo de actualización para los que imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Subrayó que la Policía Comunitaria forma parte del Sistema de Seguridad de Guerrero, y que las leyes estatales reconocen el autogobierno y los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
“…se advierte, en primer término, que ninguno de los pasivos hace señalamiento directo contra la indiciada Nestora, puesto que refieren que fueron privados de su libertad por policías comunitarios sin especificar el nombre de la indiciada, además de que éstos fueron informados por las personas que los privaron de su libertad que los detenían por posibles comisiones de hechos delictivos, aludiendo a expresiones tales como detenciones, presos, Casas de Justicia de la Policía Comunitaria, trabajos comunitarios, peticiones de dinero con la finalidad de apoyar las necesidades de la policía comunitaria, pero no como rescate, sino en cierta forma como fianzas…
La juzgadora reconoció que sí se llevaron a cabo las privaciones de libertad en perjuicio de los denunciantes, pero éstas “fueron motivos de actos de autoridad por parte de sus integrantes, y no como una organización criminal dedicada al secuestro”.
Testimonios
Un menor de 13 años relató su detención ocurrida en marzo de 2013, porque su tía lo acusó de violar a su prima, delito que él aseguró no cometió. La Policía Comunitaria llegó a su casa y el adolescente se entregó porque le dio “miedo” ver las armas.
“…me encerraron, dándome cuenta que había mucha gente, como 40 personas, sin saber por qué estaban encerrados, y que en esta casa no había baños y que para nuestras necesidades de orinar nos proporcionaban una botella de plástico y que nos daban de comer un plato con poco frijol y dos tortillas; también nos ponían a trabajar en el campo, chaponando la tierra, acarrear leña, amenazándonos que cumpliéramos nuestra pena del delito que habíamos cometido y que si no lo hacíamos aumentaba y seriamos castigados, ya que en ocasiones nos golpeaban, quienes además le pedían dinero a mi madre, a cambio de dejarme libre”. El menor dijo que estuvo seis meses retenido.
Otro menor de 17 años manifestó que, después de estar bebiendo con un amigo, fue detenido cuando caminaba con un machete en la mano; la policía lo llevó a Olinalá donde vio a Nestora y a sus auxiliares, “alcanzando a escuchar que la señora Nestora decía que nos llevaban porque éramos matones”.
El adolescente narró que tuvo que trabajar en terrenos de policías comunitarios, le daban de almorzar un poco de frijoles y una tortilla: “Y nos decían que tomáramos agua de la llave, y cuando eran entre las seis y siete de la tarde, nos daban de comer lo mismo, y así me tuvieron quince días encerrado…”
Má denuncias
El 16 de julio de 2013 Juan “N”, quien vive en la comunidad de Cuapala, acudió a una reunión donde se convocó a todos los hombres, el llamado lo realizó el comisario de la comunidad de Tlatlauqui, municipio de Atlixtac, para hablar sobre una balacera ocurrida días antes.
“…cuando acabábamos de llegar a la comisaria, en ese momento llegaron también 50 elementos de la policía comunitaria, todos con armas larga, es decir, escopetas y rifles, y dichos policías sin ningún motivo me detuvieron, así como a otros cuatro vecinos de mi comunidad; esposándonos de las manos por atrás y nos subieron en las cajas de dos camionetas, una tipo pick-up, y la otra de redilas, y nos sacaron a la orilla del pueblo, en donde nos estuvieron interrogando que les dijéramos quién de nosotros habíamos participado en la balacera que había sucedido en nuestro pueblo, pero todos negamos haber participado en dicha balacera, pero los policías comunitarios nos comenzaron a golpear con sus puños en diferentes partes de nuestro cuerpo…”.
El afectado señaló que les daban de comer dos veces al día frijoles y huevo acompañado de tres tortillas; después, lo llevaron a El Paraíso, lugar en donde se encontraban más de 40 personas detenidas de otras comunidades; en este lugar los ponían a trabajar cuatro días de la semana desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche y el trabajo consistía en chaponar, fumigar milpa y estaban incomunicados.
Luego de varios días le permitieron hablar con su tío, y éste le comentó que los comunitarios le estaban pidiendo 20 mil pesos para liberarlo, y “que si no daban esa cantidad, no iban a saber nada más de mí”. m