La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, dijo que es necesario contar con un Poder Judicial independiente, con juzgadores capaces de interpretar las normas y que sus resoluciones no les cueste su carrera, libertad o la vida.
A unos días de que se dictamine en la cámara de Diputados la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) la cual prevé la elección de jueces, magistrados y ministros, la togada señaló que en nuestro país existe un consenso en torno a la necesidad de reformar el sistema de justicia en su conjunto.
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Piña Hernández indicó que la independencia judicial es un derecho humano y, coincidió con lo que declaró el representante de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña García, en el sentido de que, sin independencia judicial el derecho se distorsiona y se desfigura la independencia judicial.
“Justamente es necesario un Poder Judicial independiente, de personas juzgadoras con una sólida preparación en constante formación, que sean capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger esos derechos no les costará su carrera, su libertad e incluso su vida propia”, expresó.
Al clausurar el Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura, la ministra subrayó que la independencia judicial es la que permite llevar a cabo el ideal de José María Morelos y Pavón:
“Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
Por otra parte, la relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia judicial de los magistrados y abogados, Margaret Sattterthwaite, advirtió que, si se implementa la iniciativa de reforma tal y como se presentó, ésta podría retrasar la justicia en México.
“Los reportes indican que aproximadamente 1800 jueces y oficiales serán desechados si se implementan estas reformas y, hacerlo de una manera tan abrupta y de tantas personas, puede retrasar la justicia para los ciudadanos que están esperando una resolución y puede violar también sus derechos a un juicio justo”, comentó vía remota.
Por su parte, el ex presidente Bolivia, Eduardo Rodríguez Veltzé, aseguró que la elección de juzgadores en su país no ha funcionado y lo anterior quedó demostrado durante una elección de juzgadores en 2017.
“La experiencia de la elección judicial resultó un desencanto, por decir algo, para los ciudadanos, porque no se pudo cumplir ese propósito democrático, porque además se hizo evidente que lo que quería evitarse, que era la contaminación política o la manipulación política de las altas cortes, se produjo en esta forma, en la que no se pudo concluir un proceso con magistrados legítimamente elegidos, porque ninguno de ellos logró alcanzar ni el 10% de los votos necesarios para ostentar cierta legitimidad democrática”, agregó.
A su vez, el magistrado venezolano y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Carlos Ayala Corao, puntualizó que no hay Estado de Derecho y democracia sin independencia judicial, ya que no hay posibilidad de proteger los derechos si no hay jueces independientes e imparciales.
“La independencia judicial entonces es fundamental, esencial a la existencia misma de una democracia, son nuestro escudo protector frente a las violaciones de derechos, no es un tema retórico, no es poesía, es realidad, se lo dice, si no se han dado cuenta de mi nacionalidad, se los dice un venezolano, cuando perdemos los jueces, perdemos la protecció”, explicó.
Al respecto, Adriana García García, del Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford, manifestó que, de acuerdo con un estudio realizado, votar por jueces es muy mal mecanismo, porque puede mermar la característica más importante de los juzgadores que es la imparcialidad.
“Nosotros tenemos experiencia en los Estados Unidos de América que, demuestra que votar por jueces merma la imparcialidad, que los jueces a los que les financiaron las campañas después les dan la razón a las personas que les financiaron estas campañas. Y el otro gran peligro, es la violación de los derechos de las minorías”, enfatizó.
RM