Después de casi dos décadas sin recibir sentencia por el caso Wallace, Brenda Quevedo aseguró que comienza a ver más cerca la posibilidad de recuperar su vida y obtener una sentencia absolutoria, luego de que un juez le permitió continuar su proceso en libertad.
Durante una conferencia de prensa, Quevedo, señaló que la resolución le permitió volver a recorrer la Ciudad de México; sin embargo, advirtió que su lucha no ha terminado porque todavía enfrenta un proceso penal que permanece abierto desde hace casi 20 años.
“Esto es un sueño que se está convirtiendo en realidad, pero todavía no se termina. Qué mal que pasen 20 años para que alguien del gobierno tenga esa voluntad. Qué bueno que la hay y lo agradezco”, expresó.
Pese a recuperar su libertad, Brenda reconoció que tiene miedo de permanecer en México por posibles represalias de personas vinculadas con la contraparte del caso Wallace, a quienes atribuyó agresiones previas contra ella y su hermano.
“Yo también tengo miedo de que me llegue a pasar algo porque sé que la contraparte no nada más me agredió una vez, me agredió dos veces, igual a mi hermano. Cualquier cosa que me pase, yo solamente sé que podría venir de ahí”, denunció.
La abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien encabeza el equipo jurídico e integrante de la Red de Apoyo Por Brenda Quevedo, explicó que la resolución eliminó tres de las cinco medidas impuestas a Quevedo en junio de 2024.
El juzgado mantuvo la obligación de firmar cada cuatro meses, la prohibición de acercarse a la víctima reconocida en el expediente y la restricción de salir del país sin autorización judicial.
La defensora sostuvo que la determinación fue tomada después de una audiencia de más de 12 horas, en la que presentaron 44 datos de prueba. De éstos, 39 fueron admitidos y considerados por el juez para concluir que el arraigo domiciliario, la vigilancia de la Guardia Nacional y el brazalete electrónico ya no tenían fundamento.
“Logramos demostrar punto por punto por qué las medidas que se le habían impuesto a Brenda en 2024 ya no tenían razón de ser. El proceso ha sido extraordinariamente prolongado, no existe riesgo de fuga y la urgencia para Brenda es que el proceso termine”, explicó.
Salas Ramírez rechazó las acusaciones sobre una supuesta motivación política o irregularidades en la resolución y aseguró que el juez Juan Alfredo Buendía Rodríguez actuó conforme a la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia internacional.
También negó que fuera atípico el relevo del anterior titular del juzgado. Explicó que Alfredo Rico Mondragón fue suspendido mientras se investigan diversas irregularidades y que, conforme a las normas del Poder Judicial, un secretario en funciones debía asumir temporalmente el cargo.
“Este juez actuó conforme a la ley, conforme a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo atípico y lo irregular es que el anterior juez encargado del asunto no haya querido convocar a audiencia ni revisar las medidas cautelares”, puntualizó.
Por su parte, Alan Piñón González, integrante de la Clínica de Litigio Penal del Instituto de Justicia Procesal Penal, adelantó que la defensa prepara un incidente de desvanecimiento de pruebas para buscar que el proceso concluya sin esperar una sentencia que podría tardar otra década.
Estrategia para dar cierre al caso
Durante la conferencia, la defensa de Quevedo señaló que la estrategia para cerrar el caso se sustenta en tres ejes principales, con los que se descartaría su implicación en el delito en contra del hijo de Isabel Miranda de Wallace.
De acuerdo con la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, la primera ruta será mediante el recurso de incidente de libertad por desvanecimiento de datos, ya que acusan que las pruebas presentadas en su contra son las mismas que ya fueron descartadas durante el el proceso de Juana Hilda González, también señalada por el homicidio.
“Vamos a promover un incidente de desvanecimiento de pruebas, justamente porque las pruebas principales bajo las cuales se sustenta ese proceso penal fueron declaradas ilegales por haber sido obtenidas mediante violaciones a derechos humanos”, señaló.
La defensa indicó que la etapa de instrucción terminó desde 2014 y que ya no existen pruebas o testigos pendientes de desahogar. Sin embargo, el proceso no ha concluido debido a las apelaciones, amparos, quejas e incidentes promovidos durante los últimos 11 años.
“Considerando cómo es el sistema jurídico mexicano, eso nos va a llevar otros 10 años. Por eso creemos que la salida no puede ser simplemente esperar una sentencia, porque al menos va a pasar una década para que eso ocurra”, advirtió Salas Ramírez.
Además, explicó que harán lo posible por cerrar las pruebas del caso a la brevedad, ya que denuncian que Brenda Quevedo se encuentra agotada tras los 11 años que ha durado el proceso de análisis de las pruebas.
De igual forma, la defensa legal de Brenda Quevedo exigió apelar a las recomendaciones de instituciones internacionales ya la resolución emitida por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), quien admitió el caso en enero de 2023.
La Red de Apoyo Por Brenda Quevedo pidió a la Fiscalía General de la República revisar el expediente con perspectiva de género y derechos humanos, así como valorar el desistimiento de la acusación. La defensa sostuvo que el proceso es jurídicamente insostenible y anunció que continuará con las acciones para obtener el reconocimiento pleno de la inocencia de Quevedo.
AG