Emilio Lozoya está preso por una decisión de Estado: defensa

La defensa de Emilio Lozoya apuntó que la privación de la libertad del ex funcionario derivan de una “decisión de Estado”.

Gobierno federal exige 30 mdd como reparación en caso Agronitrogenados a Emilio Lozoya
Rubén Mosso
Ciudad de México /

La defensa del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, aseveró que las razones por las cuales su cliente se encuentra en la cárcel derivan de una “decisión de Estado”, ajena al orden constitucional, y violatoria de sus derechos fundamentales.

A través de un comunicado, los abogados Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, señalaron lo anterior en respuesta a las afirmaciones realizadas por el presidenteAndrés Manuel López Obrador sobre las razones por las que el ex funcionario está privado de la libertad.

“Esta situación ilegítima pretende mantenerse, en agravio de un testigo colaborador como lo es Lozoya Austin, restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad; incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño aplicable a los casos Odebrecht y Agronitrogenados”, explicaron.

Aseguraron que sin justificación alguna, de manera desproporcionada y contraria a derecho, se aumentó, arbitrariamente y hasta un 200 por ciento el monto de la reparación del daño, que pasó de 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares.

“La nueva postura del gobierno de México no sólo violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex y las acusaciones coadyuvantes de dicha empresa y de la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), sino que al carecer de cualquier fundamento técnico y jurídico, es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esa naturaleza por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación”, puntualizaron.


Ayer, en una audiencia se pudo conocer que el gobierno federal exigió 30 millones de dólares como reparación del daño por la compra de la planta chatarra de Agronitrogenados y por el caso Odebrecht, lo que provocó que Emilio Lozoya Austin denunciara que se trata de una “extorsión”.

“UIF y Pemex, desde enero de 2022 pidieron por escrito 3.4 millones de dólares. Me parece ilegal, inmoral y me parece que raya en extorsión.
“Acepté pagar el cien por ciento de lo que ustedes fabricaron como supuesto daño ¿Por qué el incremento? ¿Por qué la cuasi extorsión? Preguntó Emilio Lozoya.

Ante la falta de explicación de las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera y de Pemex por incrementar en 200 por ciento la reparación del daño, Genaro Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, decidió no llevar a cabo la audiencia intermedia, y porque la Fiscalía General de la República (FGR) no participó en las negociaciones donde el ex funcionario trató de lograr un acuerdo reparatorio.

VRM

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