La defensa del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lamentó que el gobierno federal haya violado la presunción de inocencia de su cliente al difundir un comunicado informando que se libró una supuesta orden de aprehensión y una alerta migratoria.
“Lo anterior, constituye un efecto corruptor, ya que se corre el enorme riesgo de condenar públicamente al imputado antes de tiempo. Cuestión que le corresponde al proceso penal y que en este caso se ha desplazado al juzgamiento público, derivado de la información difundida institucionalmente por el Gobierno Federal”, señaló el Bufete Ruíz Durán, S.C.
Asimismo, reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la cancelación de la primera orden de aprehensión contra su cliente solicitada el año pasado, hasta el 28 de septiembre de este año, cuando tuvo que hacerlo el 18 de agosto, porque así se lo ordenó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“…de forma inexplicable, la Fiscalía solicitó su cancelación hasta el día 28 de septiembre, sin que hasta esta fecha se hubiera notificado a todas las instancias judiciales correspondientes”, informó.
El despacho de abogados reveló que también presentó una denuncia contra los agentes del Ministerio Público que solicitaron el año pasado la orden de captura, así como contra el juez que la emitió, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad.
Lo anterior por haber iniciado un procedimiento penal contra el entonces mandatario estatal, a pesar de que la Corte había determinado la invalidez de dicha orden.
A través de un comunicado, aseguraron que pidieron por escrito al Ministerio Público de la Federación que, en caso de solicitar una nueva orden de aprehensión, se encontraba obligado por el principio de lealtad y objetividad de exhibir al juez de control los datos de prueba aportados por la defensa en la carpeta de investigación.
“Lo anterior, tiene suma importancia para esta defensa, ya que los datos de prueba que se aportaron a la Fiscalía acreditan plenamente la inexistencia de los supuestos delitos que se le imputan a Francisco Javier García Cabeza de Vaca”, manifestaron.
En caso de que la FGR haya solicitado nuevamente una orden de aprehensión, abundaron, “se debió de haber solicitado con base en hechos y datos de prueba sesgados e incompletos, de forma desleal y parcial. Toda vez que, resulta inverosímil que un juez de control hubiese podido revisar en un plazo de tres días, los datos de prueba que integran más de 60 mil hojas (20 tomos más 40 anexos)”.
Puntualizaron que de nada sirven los derechos establecidos en la ley, cuando el mismo Estado expone públicamente a alguien como responsable de un delito.
Finalizaron diciendo que ejercerán el derecho de defensa ante los órganos jurisdiccionales correspondientes y se expondrá la verdad de los hechos, lo cual contribuirá a demostrar la inocencia de Cabeza de Vaca.
FMU