La defensa de Mónica García Villegas, dueña del Colegio Enrique Rébsamen en donde murieron 26 personas por el colapso de éste en el sismo del 19 de septiembre de 2019, exhortó a Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia, demostrar la manera en que se dio la decisión de aumentar de 31 a 36 años la sentencia contra la maestra.
Rosendo Gómez, abogado de García Villegas, pidió que se le entregue una copia de las partes procesales, pues dijo, “no es posible que ellos tengan información privilegiada”, esto luego de que la institución informó por la mañana que tras interponer un recurso de apelación contra la sentencia inicial, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio culposo, logró que magistrados de la Tercera Sala Penal aumentaran la condena a 36 años, cuatro meses y dos días de prisión, así como al pago de casi 143 mil pesos por concepto de multa.
“Si lo pudiéramos poner en temas coloquiales, ellos tienen la versión pirata de la película antes de que salga en los cines. A nosotros no nos han notificado. No nos han hecho de conocimiento; sin embargo, ellos ya cacarearon el resultado ¿Qué quiere decir? Que están puestos de acuerdo para perjudicar a mi cliente”, comentó.
A decir del abogado, la maestra “está tranquila” porque, dijo, no se sabe si es cierta o falsa la información de esta nueva sentencia, la cual fue informada en un comunicado por la propia fiscalía.
“No es posible que a las 08:00 horas la Fiscalía General de Justicia tuviera esa información, puesto que los tribunales abren a las nueve de la mañana. Increíble que pudieran atreverse a dar un comunicado, pero no nos sorprende, puesto que hemos señalado que la Fiscalía General de Justicia ha emprendido una persecución maliciosa en contra de mi cliente”.
De acuerdo con Rosendo Gómez, en caso de que el nuevo fallo fuera cierto, el tribunal estaría incurriendo en una omisión pues “colocar 36 años no sólo es incorrecto, sino es ilegal; están actuando fuera de la norma”. Asimismo, añadió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en una jurisprudencia que las sentencias dictadas en una apelación “se deben de dictar de forma oral y en audiencia”.
“Reiteramos nuestro exhortó a la fiscalía para que demuestre con transparencia cómo se enteraron de ese resultado, que nos enseñen su cédula de notificación y que ésta tenga un horario antes de las ocho de la mañana de hoy y que nos demuestren cómo es que el tribunal trabaja antes de las ocho de la mañana para notificarle a la fiscalía, situación que no van a poder hacer y solamente van a evidenciar esa puesta de acuerdo”, aseveró.
Pruebas de la fiscalía
La fiscalía indicó que la nueva sentencia fue tras haberse resuelto por la autoridad judicial, a partir de las apelaciones y solicitud de audiencia de alegatos aclaratorios, interpuestas en su momento por el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos, así como por la defensa particular y asesoría privada de la sentenciada.
El representante social de la fiscalía aportó datos probatorios que permitieron incrementar el grado de culpabilidad de la sentenciada, haciéndose uso del concurso ideal homogéneo (cuando con una sola conducta se cometen varios delitos) y concurso real (cuando con pluralidad de conductas se cometen varios delitos) con el delito de responsabilidad de la propietaria del colegio ubicado en la colonia Nueva Oriental Coapa, alcaldía Tlalpan.
El Ministerio Público, dijo la fiscalía, logró acreditar que dicho centro educativo fue construido con irregularidades en su edificación y documentación; dichas negligencias coadyuvaron en que colapsara durante el sismo, lo que causó la muerte de 19 menores de edad y siete personas adultas.
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El abogado comentó a MILENIO que en este fallo “hay un tema de ignorancia” y si los magistrados pusieron una sentencia de 36 años, considero denunciarlos “por ignorancia inexcusable” al poner una pena, dijo, fuera de parámetro ya que la sentencia máxima debía ser de 20 años.
“Me hace pensar que hasta tendríamos que buscar ayuda internacional porque pareciera una persecución de Estado, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque en verdad si la fiscalía antes de las horas laborales está emitiendo esto es porque los magistrados se lo dijeron fuera de horario y eso está mal”.
El 11 de agosto se informó que la sentencia de la maestra podría modificarse al pasar de 31 años a una sentencia menor al ser acusada de homicidio culposo. La maestra compareció ese día de manera presencial ante un Tribunal de Apelaciones, donde su defensa argumentó que el colegio que ella dirigía resistió más de 500 sismos entre 2003 y 2017, y que el desplome de éste se debió a causas de fuerza mayor, lo cual no implicaría una responsabilidad para la profesora.
DMZ