Tras la resolución de una jueza federal, que dio un plazo de 24 horas para que un juez del fuero común del estado de Veracruz dejara en libertad a la jueza Angélica Sánchez Hernández, los policías que resguardaban el domicilio de la juzgadora se retiraron, confirmaron familiares de Angélica.
Aclararon que no darían entrevistas a medios de comunicación por ahora, sólo los abogados pudieron salir ante para hacerlo.
La jueza se encontraba en prisión domiciliaria desde el pasado 14 de julio en que el juez de control Roberto Santos Maldonado varió la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por resguardo domiciliario.
La jueza fue puesta en libertad
Daniela María León Linarte, jueza Décimo Quinto de Distrito en el estado de Veracruz, determinó dejaran en libertad a la jueza Angélica Sánchez, porque no se acató la suspensión provisional que tenía la misma cuando fue detenida en la Ciudad de México el 16 de junio.
En la resolución, Daniela Maria León Linarte requirió al juez de control y Enjuiciamiento adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito de Xalapa, Veracruz, y al director General de la Policía Ministerial, para que dentro del plazo 24 horas, cumplieran con la suspensión provisional.
El juez local tendría que emitir un acuerdo en el que deje sin efecto todo lo actuado en el proceso penal 297/2023, a partir del momento en el que mediante oficio FGE/PM/FIM/566/2023, policías ministeriales adscritos a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, pusieron a disposición del juez de control a Angélica Sánchez.
El juez declararía nulas todas las actuaciones que haya practicado con motivo de la recepción de dicho oficio, tales como la puesta a disposición de la quejosa, la fijación de hora y fecha para la celebración de la audiencia inicial, el desahogo de la misma, las medidas cautelares impuestas y el auto de vinculación a proceso.
Así como cualquier resolución incidental dictada en tales autos o algún cambio de medida cautelar, la fijación de plazo para la investigación complementaria y todas y cada una de las subsecuentes actuaciones emitidas dentro de tal proceso penal.
La decisión de la jueza federal molestó al gobierno de Veracruz y el propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez publicó en sus redes sociales, que los jueces federales “tuercen la ley”.
“Reprobamos la ilegalidad de las resoluciones de algunos (por fortuna pocos) jueces federales que tuercen la ley para liberar presuntos delincuentes. En el caso de la jueza Angélica “N”, NO SE VIOLÓ NINGÚN AMPARO. Ahora resulta que a la jueza de distrito se le olvidaron las clases básicas en materia de amparo, pues en el Juicio de Amparo la concesión de la suspensión no puede constituir derechos que no haya tenido la quejosa antes de la presentación de la demanda ni protegerla contra actos futuros o inciertos”.
VRM