Denuncia por fabricación de pruebas contra Isabel Miranda de Wallace sigue detenida

Caso Hugo Alberto Wallace

La defensa y familiares de los seis sentenciados aseguran que desde hace 2 años y medio, una jueza, dos magistradas y la FGR no han realizado ningún acto para saber si la activista cometió el delito

La demanda judicial señala que “María Isabel Miranda Torres rentó, a través de un prestanombres, el departamento donde habría ocurrido el secuestro |
Laura Sánchez Ley
Ciudad de México /

Aunque han pasado dos años y medio desde que seis víctimas de tortura presentaron una denuncia en contra de Isabel Miranda de Wallace, al menos una jueza y dos magistradas han atorado la investigación por presunta fabricación de pruebas que la activista habría cometido durante las indagaciones por el secuestro de su hijo Hugo Alberto Wallace.

La demanda judicial señala que “María Isabel Miranda Torres rentó, a través de un prestanombres, el departamento donde habría ocurrido el secuestro y homicidio de su hijo, para después sembrar una gota de sangre y la licencia de conducir vencida de su hijo”.
Posteriormente simuló que el padre biológico de Hugo Alberto, Carlos León Miranda, era José Enrique del Socorro Wallace Díaz, para que el perfil genético fuera correspondiente con sangre encontrada en el departamento y poder así, simular la presencia de Hugo Alberto”, añade el abogado que presentó la denuncia, quien adjunta una veintena de pruebas entre las que se encuentran dictámenes criminalísticos, de genética forense, de representación gráfica, órdenes de cateo, testimonios e informes médicos.
Isabel Miranda de Wallace buscó a su hijo durante mucho tiempo | Ariana Pérez

Familiares de las personas sentenciadas por el secuestro, así como quien fuera su abogado defensor, aseguran que Miranda ha sido beneficiada por funcionarias del Poder Judicial de la Federación (PJF), las cuales, a través de distintos recursos judiciales, han demorado la decisión de investigarla.

Los denunciantes aseguran que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha realizado ningún acto de investigación para acreditar si María Isabel Miranda Torres, presidenta de la organización Alto al Secuestro, habría simulado las pruebas que tienen en la cárcel a Brenda Quevedo, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Albert Castillo, Tony Castillo y César Freyre.

MILENIO tuvo acceso a documentos judiciales que conforman la denuncia por simulación y donde se enumeran distintas irregularidades. Entre ellas se encuentra la renta del departamento donde habría sido asesinado su hijo, en donde se habrían plantado evidencias.

Los juzgadores mantienen sin resolver un entramado de recursos que ha evitado una investigación que confirme o descarte la participación de Isabel Miranda en este delito. La denuncia por el delito de falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad, en su modalidad de simulación de pruebas, fue presentada el 6 de mayo de 2021.

La historia del caso Wallace empezó en julio de 2005, cuando el esposo de Isabel Miranda y su “sobrino” denunciaron la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda (o, como versiones más recientes dicen que es su varadero nombre: Hugo Alberto León Miranda). Según sus propias declaraciones ministeriales, la última vez que supo de él fue el 11 de ese mismo mes. A las 6:00 de la tarde, manifestó, fue la última vez que escuchó su voz.

Isabel, una mujer que antes de la desaparición era una empresaria dueña de espectaculares (Showcase Publicidad), ha dicho que ante la inacción de las autoridades decidió tomar por cuenta propia la búsqueda de su hijo.

A través de un supuesto testigo, llegó hasta un edificio en la calle Perugino número 6, colonia Extremadura Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez. Según su historia, fue un niño el que le dijo que del departamento número 4 sacaron a una persona herida y que su madre tuvo que limpiar la sangre.

Isabel Miranda de Wallace, dirigente de Alto al Secuestro, presentó un informe sobre las cifras de secuestro en el país. (Cuartoscuro)

El 15 de julio de ese año, un juez federal autorizó el primer cateo en Perugino 6. Los registros judiciales señalan que en ese momento no se encontró ningún rastro del paso de Hugo Alberto por ese departamento.

Para agosto de 2005, Isabel Miranda finalmente recibió tres fotografías: dos con un acercamiento de los tatuajes de su hijo y la tercera de Hugo Alberto, desnudo y vendado, además de una carta donde le exigían 950 mil dólares para liberarlo.

Fue a partir de ese momento que Isabel Miranda comenzaría a buscar a los involucrados en el secuestro de su hijo. Según ella, los agresores eran Juana Hilda González, Jacobo Tagle, Brenda Quevedo, Albert Castillo, Tony Castillo y Cesar Freyre. La mujer se dedicó a colocar anuncios espectaculares en la capital del país, los primeros aparecieron en enero de 2006, con los rostros de los presuntos secuestradores.

“Si lo has visto, denúncialo”, decían las frases acusatorias que colocó por distintos puntos de la ciudad. Y así, una a una, fue dirigiendo sus capturas, con apoyo de las autoridades federales y estatales, que incluso la invitaban a las presentaciones en las procuradurías. 

En el caso de la detención de Jacobo Tagle Dobin, durante una rueda de prensa con el entonces fiscal, incluso ordenó a las autoridades del Estado de México que le levantaran la camiseta para mostrar que no había sido torturado.

Miranda estaba totalmente involucrada en la búsqueda y el enjuiciamiento de los presuntos culpables.

“Yo sólo soy una madre en busca de justicia”, ha insistido durante todos estos años, Isabel Miranda de Wallace, quien se convirtió en una especie de vengadora ciudadana que se dio a la tarea de hallar a los secuestradores de su hijo. 

Durante el sexenio de Felipe Calderón, la activista adquirió notoriedad pública por la cercanía que tuvo con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

La otra madre

Cómo olvidarlo. La señora Enriqueta Cruz estaba sentada en su escritorio en el despacho donde trabajaba desde hacía muchos años. Todo igual, el mismo lugar, la misma silla, el trajín constante. Era 30 de marzo del 2006, cuando de repente el repiqueteo del conmutador telefónico parecía desquiciado.

“Ya viste el espectacular, están diciendo que es una secuestradora”,le decían por teléfono, escandalizadas, sus hermanas, en referencia a su hija Brenda. Sintió como un golpe seco en la panza, la boca amarga. Enriqueta se echó agua helada en la cara. Intentó recuperarse y fingir con los clientes del despacho que nada pasaba.

La señora Cruz también era madre. Una que vio, ese 30 de marzo, un espectacular en la esquina de Reforma y Niza con la cara de su hija Brenda Quevedo Cruz, una chica que en 2005 aún tenía cara redonda, medio aniñada. “Secuestradora”, decía y ofrecían una recompensa de 50 mil pesos a quien diera información para capturarla.

“Empezó todo, la pesadilla, el trato como delincuentes”, dice Enriqueta. Las visitas frecuentes, el cortar cartucho sobre su cabeza, los gritos: “¡Este era el departamento del secuestro, ¿verdad?!”.
Querían a fuerzas allá en la SEIDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada] que yo dijera que había sido mi hija y que dónde estaba ella”, recuerda. Las primeras ocasiones que la llevaban a declarar a veces se preguntaba si estaba soñando. “Sí, sí estoy soñando”, entonces miraba a su lado y veía su otro hijo, Omar, que por esa época aún era adolescente, sentado a su lado mientras los policías intentaban involucrarla.

Entonces se daba cuenta que no, que ahí estaba, en esa oficina café con olor a tabaco y café agrio. Como si fuera contagioso el hedor, Enriqueta comenzaba a sentir amarga la boca otra vez. Una sensación, un sabor metálico que sentirá durante los últimos 15 años de su vida.

“Era la primera vez que vivíamos esto, ay, no sé, si yo hubiera sabido pero no, no sabía nada. Como mis derechos. Qué triste, por ejemplo, no sabía que tenía que estar con mi abogado y que siendo mamá de Brenda, podía evadir contestarles”, lamenta ahora la señora.

Al día siguiente, Enriqueta tenía que trabajar y entonces se ponía –explica y no meramente en sentido metafórico– una máscara. Porque los gestos, las sonrisas fingidas, los buenos días no eran suyos. Su rostro se mantenía cordial aunque no hubiera dormido ni una sola hora la noche anterior, y aunque hubiera estado vigilando por la ventana a los hombres en camionetas negras con cortes de cabello estilo militar que la espiaban desde abajo.

La historia del caso Wallace empezó en julio de 2005 | AP

Hasta que ya no pudo más. El colapso vino acompañado de una hoja blanca. Recuerda que ese día llegó de trabajar, frente a su lugar estaba un mueblecito con un trinchador. Ahí, por debajo, alguien había deslizado una hoja blanca tamaño carta. Entonces, en un ataque de nervios, se echó a gritar y llorar: “¡Ya no puedo más!”, le decía a su hijo que intentaba tranquilizarla.

Pensó que esa hoja sería una citación, una amenaza, algo horrible, quizá las órdenes de otro funcionario gritando y golpeando el escritorio exigiendo que entregara a su hija. Después se dio cuenta de que sólo era un recibo, una cuenta por pagar. Una más.

“No sabes con quién te metiste”

Su hija Brenda Quevedo fue señalada por Isabel Miranda como una de las secuestradoras de su hijo. Según esta versión, la participación de Brenda habría estado centrada en tomar fotos al cuerpo de Hugo Alberto y editarlas. El 6 de abril de 2006, un juez libró orden de aprehensión en su contra de Brenda y por temor a ser inculpada, la familia decidió enviarla a Estados Unidos donde enfrentó un largo proceso en prisión para ser extraditada.

El 25 de septiembre de 2009 fue trasladada a la Ciudad de México y en el hangar del aeropuerto internacional Benito Juárez la recibió personal de la entonces Procuraduría General de la República (PGR). La exhibieron con un jumper naranja y le tomaron las fotografías y los videos que después enviaron en un comunicado de prensa.

“Ahí trataron de presionar a Brenda para que empezara a hablar, ya le empezaban a poner videos de Hugo y de que firmara y ella decía ‘no, no les voy a decir nada’”, hasta que las autoridades llevaron a Isabel Mirada frente a la acusada. Brenda no agachó la cabeza y la encaró: “Usted tendrá todo el dinero del mundo, yo no lo tengo, pero me voy a defender”, aclaró decidida.
Entonces Isabel, con el rostro desencajado le contestó: “No sabes con quién te metiste”; se le acercó aún más a la cara y le confirmó: “No sabes con quien te metiste”.

A partir del 27 de septiembre de 2009 las torturas, las amenazas, el abuso sexual iniciarían para Brenda. Ese día rindió su declaración ante el juzgado y a pesar de sus denuncias por violaciones, la autoridad judicial decidió ignorarlo y vincularla a proceso.

El primer penal donde fue torturada fue en el de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Recuerda que la introdujeron en un cuarto donde había dos hombres vestidos de traje y encapuchados que le esposaron las manos, le vendaron los ojos y la sentaron en una silla.

“Le dijeron: ‘no sabes de parte de quién venimos, ¿verdad?’”. A eso le siguieron los golpes, la envolvieron en un plástico durante más de dos horas para asfixiarla, le decían que me iban a matar y a matar a Roberto, su papá”, recuerda Enriqueta.

¿En dónde está el cuerpo de Hugo Alberto? Esa era la pregunta insistente, que daba paso a una de las peores torturas: de una maleta sacaron hojas, una pluma, grabadora y una jeringa. Le inyectaron un líquido rojo que le pusieron en el cuello y dijeron que era sangre de un “sidoso” en etapa terminal.

Luego vinieron las torturas en las Islas Marías. En octubre de 2010 las autoridades la sacaron de prisión y la trasladaron a un lugar en la “parte trasera” de una isla. En ese lugar cinco hombres encapuchados le vendaron los ojos, le quitaron los pantalones, y durante seis horas, la golpearon. Y lo que seguía era el abuso sexual. Un hombre le metía la mano cerrada muy fuerte entre las piernas, lastimándola hasta sangrar.

Después más penales, más torturas y la misma consigna: conseguir que confesara su culpabilidad en el secuestro de Hugo Alberto Wallace.

Alguien con muchos conectes

Cómo olvidar también otro pasaje. La primera vez que Enriqueta la vio fue en un juzgado. Recuerda que una vez más habían cambiado de abogado. Ese nuevo defensor se quedó afuera, Enriqueta ingresó al juzgado y lo dejó atrás. Fue ahí cuando la vio. Hacía mucho calor y ella llevaba una blusa con un escote pronunciado y unas zapatillas de verano muy coquetas.

Entraba y salía de la oficina del juez con mucha soltura. Por alguna razón la imagen que ha quedado en la mente de Enriqueta era que la mujer cargaba cuatro o cinco radios Nextel de esa época. Sonaba el pi-pi, interminable. Isabel saludaba a los funcionarios, y les echaba miraditas de complicidad. Era la dueña del lugar.

“Ahí dije, santo, ¿pues contra quién estamos? Ese día yo traía una Biblia chiquita que abría y abría para rezar (...). ​​Yo la imagen que percibí de Isabel Miranda era de cuál dolor, ¿cuál?, era más su arrogancia”.

Hubo más episodios en los que figuró la señora Miranda de Wallace. Otro tribunal, una audiencia más. Otra de las acusadas, Juana Hilda, detrás de la rejilla de los acusados sonreía de repente, nerviosa. Entonces se escuchó un grito que despertó a todos: 

“Sí, ríete, hija de la chingada, ríete, ríete, pero lo vas a pagar con ese –así le dijo– hijo bastardo que vas a tener”, soltó Isabel.
“Yo lo que espero es justicia, ver la justicia por fin, después de tanto tiempo me gustaría de alguna manera poder decir que lo más doloroso con mi hija, lo que dolió mucho fue lo de Islas Marías. Fue, casi, una muerte”, dice Enriqueta.

Una historia rocambolesca

En mayo de 2021, el abogado Salvador Leyva, representante de las víctimas desde el 2019 ante instancias internacionales, y que a pesar de su renuncia sigue acompañándolas, presentó una denuncia por el delito de falsedad de declaración y simulación de pruebas ante la Fiscalía General de la República.

Aunque el cúmulo de denuncias públicas en contra de Isabel cada día crece más, hay una que se centra en que en 2006, Isabel Miranda rentó a través de su acreedor llamado Rodrigo Osvaldo de Alba Martínez, el departamento número 4 del edificio de Perugino, en la colonia Extremadura Insurgentes, en el periodo entre el primer y el segundo cateo (es decir, julio de 2005 y febrero de 2006).

Salvador Leyva explica que desde el 2021 la denuncia en contra de Isabel Miranda ha sido todo un reto | Jorge González

Salvador Leyva explica que entre septiembre y octubre del 2006, Rodrigo Osvaldo aparecía como acreedor de la empresa Showposter Publicidad, cuya directora general era Isabel Miranda.

Y es que aunque en el primer cateo no se encontró ningún indicio de que Hugo Alberto hubiese sido secuestrado y descuartizado en el departamento, y cuando Rodrigo Oslvaldo ocupó el número 4 de Perugino, encontraron una licencia de conducir vencida de su hijo y una famosa gota de sangre, que supuestamente pertenecía a Hugo Alberto.

La historia se vuelve más rocambolesca: se daría a conocer que el verdadero padre de Hugo Alberto era Carlos León Miranda, primo de Isabel, quien aseguró que esta lo hizo pasar como el señor José Enrique del Socorro Wallace ante la PGR, donde se le tomaron muestras de sangre para compararlas con la gota hallada en el baño del departamento.

“Gracias al apoyo de una organización contactamos al señor Carlos León, de quien obtuvimos muestras de sangre y saliva. Estas muestras las mandamos a un laboratorio para obtener el perfil genético de Carlos León Miranda. Este perfil coincide con el de quien en el expediente aparece como José Enrique del Socorro Wallace, que es materialmente imposible”, explica el defensor Salvador Leyva.

Es decir que, para el abogado, Isabel Miranda simuló que José Enrique del Socorro era padre biológico de Alberto Wallace sabiendo que en realidad era Carlos León Miranda, a quien lo hizo pasar como José Enrique ante la Procuraduría para que le tomaran la sangre y entonces coincidieran los exámenes genéticos y poder simular que Hugo Alberto estuvo en Perugino 6.

“Independientemente del origen de la gota que se supone encontraron en el departamento, ya no puede ser valorada por el juez porque no es de quien supuestamente la proporcionó, es decir, de José Enrique. Sin esa gota y sin esa licencia, las únicas pruebas que ubican a Hugo Alberto en el departamento son las declaraciones obtenidas bajo tortura y coacción, ya sean las de las personas enjuiciadas o las de los ‘testigos’ que cambiaron su declaración”, dice Leyva.

Sobre Rodrigo Osvaldo se cuestiona cómo apareció misteriosamente una licencia de conducir en un departamento donde además se había cambiado la alfombra, y ya había sido habitado. Además, la gota de sangre apareció en un baño que se usó durante meses.

Salvador Leyva explica que desde el 2021 la denuncia en contra de Isabel Miranda ha sido todo un reto. Recuerda que primero no querían recibir la denuncia con pretextos ridículos (que no coincidía un número de anexo con la nota al pie, por ejemplo), pero después de una disputa con el personal oficial lograron presentarla.

Refiere más cosas extrañas. Cita que cuando iban a presentar más pruebas que se relacionaban con el testimonio de la ex pareja de Hugo Alberto para acreditar que Isabel también simuló su muerte:

Eexisten en el expediente pruebas de vida de por lo menos unos años después, y cuando se intentan presentar esas pruebas le informan a una persona de mi equipo que no las recibirían porque ya había una determinación de abstenerse de investigar, lo cual ya me había sido notificada, cosa que no era cierto: la notificaron unas horas después, pero con una fecha anterior”, dice.
AFP

Se sucedió todo un embrollo de idas y vueltas: en 2021 un juez ordenó que efectivamente el Ministerio Público tenía que investigar los hechos denunciados. Luego Isabel Miranda obtuvo un amparo de la jueza Luz María Tlapa Ortega, quien había sido denunciada ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en varias ocasiones en el trámite de juicios que involucraban a las víctimas del caso Wallace.

Este amparo coincide con la decisión de la FGR de no investigar a Isabel Miranda. Sin embargo, las víctimas insisten en que se revise. Y está pendiente de resolverse desde el 2022. Una de los motivos del retraso en la resolución del caso, tomado por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, es que en dos ocasiones ha nombrado a magistradas que tuvieron conocimiento previo del caso Wallace en otras instancias.

Ante las denuncias públicas que se han hecho del conflicto de intereses, ambas magistradas se han excusado de conocer este asunto. Esto implica un retraso de meses en la resolución de ambos impedimentos. De hecho, a la fecha no se ha resuelto el segundo impedimento presentado por la magistrada Olga Estrever Escamilla, que ha llevado en su historia otros casos polémicos relacionados con secuestros, además de este donde está implicada Brenda Quevedo.

FR

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